Colegio | Pago por uso en la red viaria española

Comisión de Transporte y Movilidad
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Pago por uso en la red viaria española

La urgente necesidad de una financiación sostenible

¿Necesita España el pago por uso en su red de carreteras? Como el resto de la Unión Europea nuestro país necesita crear un sistema sostenible y equilibrado para operar de forma adecuada sus infraestructuras viarias. Esto implica recursos para mantener en servicio el patrimonio con buena calidad y seguridad para sus usuarios. Es esencial para sostener la movilidad y la logística, mejorando nuestra calidad de vida y potenciar las actividades económicas.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos considera necesario en este momento aportar su opinión a este debate a través de una visión con fundamentos técnicos y sociales. Además, quiere ofrecerse como foro de intercambio de aportaciones a la cuestión. 

La urgente necesidad de financiación sostenible de la red viaria española en la presente coyuntura social y económica debe ser considerada una prioridad en lo que se refiere a la red troncal aunque sin descartar hacer extensivas medidas similares al resto de la red viaria en el futuro. La inmediatez requerida y el plazo de tiempo que llevará la implantación de las medidas en este ámbito aconsejan poner este tema en la mesa de los decisores políticos teniendo en cuenta que el 90% de la movilidad interurbana, y gran parte de la urbana, dependen de ella. 

Sólo la red de carreteras del Estado consta de 165.000 kilómetros lo que implica necesidades de gasto en el entorno de los 3.000 millones de euros anuales. Los medios presupuestarios actuales, que incluyen la inversión y el gasto corriente, obtenidos a través impuestos así como recursos provenientes de otras fuentes, apenas alcanzan para la construcción de nuevas infraestructuras y las necesidades de mantenimiento de mayor urgencia. No cubren, por tanto, las necesidades para gestionar el conjunto de la red, sin perjudicar la seguridad vial y los tiempos de desplazamiento.

Como principal prioridad se buscaría que lo recaudado sirva para cubrir un mantenimiento más sistemático y una buena explotación. El pago por uso puede así financiar dichos gastos, aliviando la política presupuestaria, contribuyendo a la mejora y sostenibilidad de las carreteras. Para igualar la situación que ya existe con otros modos de transporte, es necesario que el que las use, pague por ello. Claro está, de modo equitativo.

A la situación presupuestaria restrictiva de los últimos años se ha sumado la pandemia del COVID-19 con desafíos que precisan inversiones necesarias en servicios como la sanidad y educación pública, lo que elevará el volumen de endeudamiento público, recortando las posibilidades de mantenimiento adecuado de la red viaria. Implantar de modo inmediato estas reformas favorecería: 

  • Reducir paulatinamente el déficit de mantenimiento viario, ya muy agravado.
  • Mejorar la prestación a sus usuarios y su seguridad vial.
  • Favorecer una equidad entre territorios y modos de transporte.
  • Orientar a un uso racional de infraestructuras y a un cambio modal sostenible.
  • Disminuir efectos negativos medioambientales, internalizando costes y uso.
  • Afrontar retos ambientales y de innovación en las carreteras, no sólo apoyados en ayudas europeas, sino con presupuestos sólidos sostenidos en el tiempo. 

En general, se busca lograr impactos positivos en la movilidad y en el desarrollo económico del país que consigan infraestructuras viarias más modernas, mejor mantenidas y verdaderamente sostenibles.

En consecuencia, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con el propósito de promover, facilitar y coordinar el debate social del nuevo sistema de financiación y ante el escenario presupuestario que el sistema impositivo no resuelve, asume que la principal solución viable y urgente es plantear un primer paso de implantación de la figura del pago por uso y debatir sobre ella con el Estado, la sociedad, agentes sociales y otros interesados.

La situación exige disponer de unos recursos financieros suficientes y estables, pero establecidos de forma racional. Este pago debería estar aplicado a los vehículos de forma justificada para el usuario y la sociedad en general. 

También de modo equilibrado, en función del grado de deterioro que produzcan a la infraestructura y por su nivel de emisiones, sean estas contaminantes del aire o del espacio sonoro.

La recaudación obtenida a través de este mecanismo debe destinarse a una gestión eficiente del patrimonio viario, que garantice su adecuada conservación, de manera que no se deteriore en exceso ni se descapitalice. El objetivo principal debe ser sostener las condiciones suficientes que posibiliten un transporte por carretera cada vez más eficaz, sostenible y seguro.

Red de autopistas y autovías sin peaje. 2021
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Red de autopistas de peaje. 2021
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Próximamente el CICCP, con la intención de facilitar un debate productivo que contribuya a una pronta decisión sobre tal posibilidad, y el procedimiento y proceso más adecuado de implantación, realizará una serie de debates que permita contrastar las diferentes sensibilidades.