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Confluencia de capital público y privado para la rehabilitación energética

España está rezagada en cuanto a rehabilitación energética de edificios. Este artículo analiza la situación, el impacto positivo —pero insuficiente— de los fondos europeos destinados a esta materia y la necesidad acuciante de introducir en nuestra legislación herramientas que permitan confluir capital público y privado para avanzar hacia un parque inmobiliario energéticamente eficiente. Greenward Partners aboga, además, por la flexibilización y la eliminación de barreras en el acceso a las ayudas públicas para la rehabilitación energética y por la progresividad de estas, ya que fomentar inversiones aisladas no aportaría las soluciones de raíz que necesitamos.

Eduardo Brunet Álvarez de Sotomayor

Presidente de Greenward Partners

©Santi Burgos

El destino de los esperados fondos europeos sigue generando expectativas, debate y esperanzas. En los últimos días hemos ido conociendo más detalles sobre el componente 2 del Plan de Recuperación al que se dirigirán parte de estos fondos, y poco a poco van dibujándose los pormenores en cuanto a las medidas, la gestión y las actuaciones subvencionables recogidas en este plan: se prevén 6.820 millones de euros para la rehabilitación de casi medio millón de viviendas hasta 2023. Ya tenemos los objetivos, ahora debemos ponernos en marcha, porque el éxito del plan dependerá de los mecanismos y los nuevos instrumentos administrativos, fiscales y jurídicos que se habiliten para su implementación.

Para avanzar en este sentido resulta imprescindible tener una visión completa del programa, su distribución, aplicación, impacto y nuevos instrumentos, planes y herramientas. Habría sido deseable que se diera a conocer todo a la vez, contribuyendo a generar una mayor seguridad y claridad en el mercado, algo que, especialmente en estos tiempos, tanto el tejido social como empresarial valoramos y necesitamos. Recientemente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) alertaba de que España es el único país entre las principales potencias europeas que no ha dado a conocer los detalles sobre el efecto fiscal y económico a largo plazo de las medidas y reformas anunciadas en el Plan de Recuperación. 

No cabe duda de que en el programa encontramos medidas muy positivas para seguir impulsando la rehabilitación y regeneración urbana en nuestro país, y resultan fundamentales. Porque tenemos la necesidad: un parque inmobiliario antiguo en el que 8 de cada 10 edificios son energéticamente muy ineficientes y que reclama rehabilitaciones integrales, no intervenciones aisladas. También tenemos el compromiso, con el medioambiente y con la Unión Europea, hacia la descarbonización. Para seguir avanzando hace falta ofrecer seguridad, facilidades y herramientas para que las rehabilitaciones sean efectivas. 

El gran escollo de la financiación

El mayor escollo para avanzar a la velocidad deseada en rehabilitación energética es la financiación. A pesar de las medidas y mecanismos planteados, los fondos públicos disponibles no son suficientes para cubrir todas las acciones necesarias. Es imprescindible promover la confluencia de capital público y privado, evitando estrategias excesivamente vinculadas a subvenciones, que lo que hacen es justo lo contrario, y ampliar el marco legislativo español para que contemple instrumentos financieros innovadores, ofreciendo herramientas que permitan aliviar el peso de la inversión de los particulares, con especial foco en las rentas bajas. 

Desde Greenward abogamos por la flexibilización y eliminación de barreras en el acceso a las ayudas públicas para la rehabilitación energética, además de por la progresividad de las ayudas, ya que fomentar inversiones aisladas no nos aportaría las soluciones de raíz que necesitamos.

Gracias a la experiencia con programas anteriores como el PREE del IDAE y los antiguos PAREER, tenemos el conocimiento que nos permite saber lo que funciona, lo mejorable y los elementos indispensables para que logremos los resultados más favorables. Sabemos que los programas deben ser continuados y favorecer la creación de un ecosistema consolidado y preparado para llevar a cabo actuaciones integrales y desde una arquitectura muchísimo más ligera burocráticamente. Si se apuesta por contribuciones esporádicas, de limitado importe individual y discontinuidad temporal, no se alcanzará el grado necesario de profundidad y estabilidad en el sector de la rehabilitación energética y seguiremos abocados a meros cambios de luminarias y calderas. De otro lado, si los importes de las ayudas son bajos ,y esto lo sumamos a que las rehabilitaciones no son obligatorias, difícilmente se va a lograr generar la demanda necesaria por parte de los propietarios de inmuebles. 

La canalización de fondos públicos y privados abren nuevas vías para hacerlo. El empleo de instrumentos como los ecobonos (crédito fiscal por el importe de la inversión en renovación que se puede transferir a inversores que financien esta y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos) ya implantados con éxito en Italia; los préstamos PACE —Programa para la Activación de Capital Ecológico en Edificios— (modelo de colaboración público-privada que, teniendo como eje los municipios, permite canalizar el capital privado a la financiación de proyectos de eficiencia, sin coste para la Administración y en condiciones muy atractivas para los dueños de los edificios y para los inversores a largo plazo en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad); o la creación de un Banco Verde son soluciones y herramientas que ya existen en otros países de nuestro entorno, han demostrado su viabilidad y nos presentan grandes oportunidades. Resulta vital que se incorporen en los sucesivos desarrollos regulatorios en nuestro país.

Soluciones integradas y protagonismo del municipio y el ciudadano

Desde Greenward llevamos tiempo trabajando para que la participación ciudadana en el sistema energético sea incentivada, acompañada y potenciada desde la Administración pública, y más específicamente desde el entorno municipal por su cercanía al ciudadano, a través de una estrategia global que incluya información, capacitación, ayudas técnicas y, en casos de comunidades en zonas de renta baja, una política de subvención y ayudas bien diseñada que incentive la entrada de inversión privada, sin la cual los procesos de adecuación de hogares y edificios hacia la eficiencia energética es una tarea muy complicada.

Las soluciones que se presenten a los clientes particulares deben ser integradas. Un servicio de ventanilla única que ofrezca servicios que contemplen todos los aspectos de un proyecto de rehabilitación energética, desde la promoción de la concienciación ciudadana en cuestiones de eficiencia energética hasta el acceso a la rehabilitación y la coordinación para asegurar el éxito de todas las fases del proceso.

En este contexto, las comunidades energéticas locales (CEL) jugarían un papel decisivo en la transformación de nuestro sistema energético hacia un modelo descentralizado, democrático, distribuido y digitalizado, con el ciudadano y los municipios como núcleo. Y se erigen, además, como una herramienta altamente eficaz contra la pobreza energética. Acompañadas de estímulos fiscales adicionales como, por ejemplo, el mencionado sistema de ecobonos, permitirían articular créditos fiscales por el importe de la inversión en renovación y autoconsumo que fueran transferibles a inversores privados, haciendo viables estos proyectos y reduciendo las necesidades de capital público.

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EL IMPACTO DE LAS AYUDAS PÚBLICAS

Las comunidades energéticas locales (CEL) deberían dar pasos para contar con ayudas públicas, abordando su papel como actor energético desde una perspectiva que mida tres variables de su actuación: impacto social, impacto económico e impacto medioambiental, para lo que deberían incluir los aspectos de eficiencia energética, circularidad y accesibilidad dentro de sus programas de actuación.

El mayor escollo para avanzar a la velocidad deseada en rehabilitación energética es la financiación

Es así necesario que se articule un enfoque normativo claro, ligero y homogéneo en todo el territorio nacional —y el consiguiente desarrollo reglamentario, inexistente hoy en nuestro país— para las CEL, incluyendo el mayor número posible de alternativas e iniciativas provenientes del capital privado, creando un efectivo mercado único interior y facilitando la gestión por medio de la eliminación de las trabas que habitualmente aparecen en los contratos públicos. 

Por su parte, las CEL también deberían dar pasos para contar con ayudas públicas, abordando su papel como actor energético desde una perspectiva que mida tres variables de su actuación: impacto social, impacto económico e impacto medioambiental, para lo que deberían incluir los aspectos de eficiencia energética, circularidad y accesibilidad dentro de sus programas de actuación. Es importante tener claro que la iniciativa va más allá de instalar placas solares y ampliar el uso de baterías. 

Hablamos de contribuir efectivamente a los objetivos de descarbonización y transformación energética de nuestra economía y dar pasos también hacia la erradicación de la pobreza energética que, según un estudio reciente estudio elaborado por el Eurostat, en 2019 afectaba al 7,5 % de la población (3,52 millones de españoles). Una cifra que va a incrementarse en 2020-2021 a causa de la pandemia por COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales.

El valor de los certificados de eficiencia energética 

Solo para el sector de la edificación, el objetivo de España en 2030 es disminuir el consumo de energía final en 43.464 GWh respecto al consumo actual, correspondiendo el 73,7 % de esta reducción a los usos térmicos. El 60,7 % del objetivo de disminución del consumo se concentra en el sector residencial, donde se prevé la rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente. 

En este marco, y tras la trasposición de varias Directivas, las empresas comercializadoras de gas y electricidad (además de las operadoras de productos petrolíferos al por mayor y las de gases licuados de petróleo al por mayor) están obligadas a cubrir unas determinadas cuotas anuales de ahorro energético, que se materializan en aportaciones financieras al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Como alternativa a estas aportaciones dinerarias (parte de las cuales se están repercutiendo actualmente en la factura eléctrica), la normativa española contempla la posibilidad de acreditación de CAE negociables, opción que aún no ha sido desarrollada reglamentariamente y en el marco de la cual el MITECO acaba de abrir la consulta pública. El objetivo que ahora se persigue es la habilitación de un sistema de medición y cuantificación de los ahorros obtenidos en proyectos de eficiencia energética que permita emitir estos CAE, transmisibles a, entre otras —matiz importante—, las compañías obligadas al cumplimiento de esas cuotas de ahorro. 

Las CEL jugarían un papel decisivo en la transformación de nuestro sistema energético hacia un modelo descentralizado

Con esta medida, estas empresas podrían aportar los CAE como especie y se beneficiarían de un sistema complementario que proporcione mayor flexibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones, en favor de una sustitución de parte de las obligaciones económicas a que están sujetas; mayor seguridad jurídica, certeza y transparencia del sistema de obligaciones; mayor participación en el sector de la eficiencia energética mediante la elección de actuaciones específicas y de creación de empleo —tanto en los sectores relacionados con la construcción como en el de las empresas de servicios energéticos—; y algo fundamental: podrían canalizar financiación privada que ayude a aliviar la pobreza energética, porque con los presupuestos públicos no es suficiente y los proyectos de eficiencia en vivienda social y colectivos en situación o riesgo de pobreza energética difícilmente pueden acceder a la financiación privada.

Los CAE podrían abrir la puerta a un sistema de apoyo adicional y novedoso a la financiación de estos colectivos. En este sentido, el Fondo Nacional de Eficiencia, a través de contratos de compra de energía a largo plazo (PPA por sus siglas en inglés) y precio fijo, indiciado o con un escalado, podría adquirir los certificados “cosechados” de las inversiones en eficiencia (destino finalista de fondos públicos) que en esos edificios pudieran acometer inversores privados e institucionales, de modo que transferirían el riesgo del propietario o de la comunidad de propietarios al propio Estado español, lo que sin duda atraería capital en las ingentes cantidades necesarias.

Asimismo, sería interesante abrir la posibilidad de crear un mercado secundario organizado o voluntario (similar al que existe para las renovables a través de los certificados de energía renovable) que pudiera servir como palanca de financiación o refinanciación de proyectos de renovación energética en edificios, tal y como ya existe en varios países de nuestro entorno europeo.

Es, sin duda, una de las más viejas aspiraciones del sector, que nos situaría en un plano de igualdad con otros 14 países europeos que ya cuentan con este instrumento que incentiva una necesaria y decidida participación de los sujetos obligados en la promoción de proyectos de eficiencia energética y que contribuye a la digitalización y democratización de nuestro actual sistema.

Sigamos pujando por la implantación definitiva de soluciones eficaces y por modelos de gestión profesional público-privada que garanticen flujos en el mercado, promuevan la generación de demanda, la profesionalización del sector y la financiación a largo plazo. Apostemos por vías innovadoras, por una financiación que siga esquemas que faciliten a los propietarios, y especialmente a quienes se encuentran en mayor situación de necesidad, el acceso a la rehabilitación integral para la disminución de la demanda energética de inmuebles. Demos nuevos pasos y sigamos en marcha.