Experiencias | Buildings Performance Institute of Europe

Mariangiola Fabbri (responsable de investigación) | Caroline Milne (Responsable de comunicación) | Hèléne Sibileau (Consejera sénior)

“Los edificios saludables y respetuosos con el clima son beneficiosos para la economía

Buildings Performance Institute of Europe (BPIE) es un centro de estudios independiente, líder en Europa, dedicado a analizar las prestaciones energéticas de los edificios. Sus investigaciones no son meramente académicas, sino que, en general, suelen proponer modificaciones normativas y legislativas para conseguir la neutralidad climática de los edificios. Está muy alineado con los objetivos del Acuerdo Climático de París de no superar un incremento de 2 °C en la temperatura de la atmósfera con respecto a la época preindustrial y a realizar los mayores esfuerzos para que dicho incremento no sea superior a 1,5 °C.

Luis Irastorza Ruigómez

©Toya Legido

Entrevistamos a tres personas clave de BPIE, en concreto, a Mariangiola Fabbri, responsable de investigación; a Caroline Milne, responsable de comunicación, y a Hèléne Sibileau, consejera sénior. La razón de que sean tres las personas entrevistadas y no una de ellas es porque consideran que varias de las preguntas son muy transversales y poliédricas y prefieren, de esta manera, dar una respuesta más completa y rigurosa. 

Abordamos con las tres temas muy candentes como, por ejemplo, si las exigencias de las normas de los diferentes países de la UE son lo suficientemente ambiciosas como para garantizar la neutralidad climática en 2050, si resultaría eficiente introducir requisitos de prestaciones mínimas a los edificios existentes, si habría que incorporar o no limitaciones cuantitativas a la energía y emisiones en el ciclo de vida de los edificios en las normas de construcción o si la incorporación de los edificios en un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión es o no una forma eficiente de descarbonizar el sector. 

Las respuestas a estas y al resto de las preguntas realizadas resultan de una claridad meridiana y creo que pueden iluminar tanto a las Administraciones públicas, responsables de la normativa y de los incentivos públicos necesarios para descarbonizar el parque existente, como también al resto de agentes del sector.

La descarbonización de los cinco sectores de consumo final de energía —industria, transporte, construcción, agricultura y residuos— tiene unas características específicas para su realización. ¿Cuáles son los principales factores que impulsan a transformar el sector de la construcción y garantizar que sea un sector completamente descarbonizado en 2050?

Los edificios en Europa representan el 40 % de nuestras emisiones de CO2 y son el 28 % en el mundo; si incluimos las emisiones procedentes del sector de la construcción de edificios, el porcentaje asciende al 38 % del total de las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía (1). Además, sabemos con absoluta certeza que no podemos abordar de forma adecuada la emergencia climática sin descarbonizar los edificios. El sexto Informe de Evaluación del IPCC sobre el Cambio Climático ha evidenciado que, a menos que se produzcan reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a 1,5 °C será imposible de alcanzar (2). La descarbonización de los edificios en la UE está impulsada en primer lugar por la emergencia climática. 

Sin embargo, la mejora de la eficiencia energética de los edificios también tiene que ver con la justicia social, el confort, la salud y el bienestar, así como con el crecimiento económico sostenible y la creación de empleo. Los edificios saludables y respetuosos con el clima son beneficiosos para la economía. Un estudio del BPIE revela que cada millón de euros invertido en la renovación energética de edificios genera una media de 18 puestos de trabajo en la UE. Se trata de empleos locales de larga duración, que estimularán la actividad económica en toda la UE. La renovación holística y de mejora de la eficiencia energética de los edificios de oficinas aumenta también la productividad aproximadamente un 12 %, lo que supone un beneficio potencial anual de unos 500 mil millones de euros para la economía. Existe además una relación directa entre edificios saludables y menor número de enfermedades respiratorias, reducción del tiempo de convalecencia y estancias hospitalarias más cortas (3). Aunque sea solo por estas razones, merece la pena invertir en la rehabilitación de edificios.

Además, los responsables políticos deben dar prioridad a los 50 millones de personas que viven en la pobreza energética en Europa y que constituyen más del 10 % de la población de la UE. Es muy posible que su situación se haya agravado con las órdenes de confinamiento promulgadas en muchos lugares en el curso de los últimos 18 meses; es primordial acometer una renovación profunda para poner fin al círculo vicioso (4). Existe además una demanda creciente de edificios mejores y más confortables por parte de los consumidores. Ya sea un centro comercial, un hotel o un restaurante, los consumidores son cada vez más exigentes y quieren confort, bienestar y, en general, “experiencias” positivas. Las entidades comerciales han de tener en cuenta la eficiencia energética y la salud de los edificios si quieren mantener su preponderancia y seguir siendo competitivas en su sector. 

Mariangiola Fabbri

Constatamos que la importancia de estas narrativas va en aumento y que serán factores clave para impulsar la descarbonización en los próximos años, sobre todo desde el estallido de la pandemia de la COVID-19. Originariamente, la Oleada de Renovación del parque inmobiliario figuraba entre los ocho pilares del emblemático Pacto Verde de la Comisión Europea a finales de 2019. Hoy en día, tras el estallido de la pandemia, es un elemento clave de la Estrategia de Recuperación y Resiliencia, que tiene como objetivo fomentar el crecimiento económico sostenible a largo plazo y fomentar la salud y el bienestar de la población de la UE. En sí, la Oleada de Renovación persigue para 2050 la puesta a punto de 220 millones de edificios que actualmente están en pie, lo que equivale a 150.000 edificios por semana. Esto afectará a la mayoría de los 440 millones de habitantes de la Unión, conllevará enormes demandas de materiales y una actividad constante e intensa.

Sin duda, resulta mucho más fácil y rentable en términos del ciclo de vida del edificio acometer la descarbonización de edificios nuevos o realizar una renovación urbana a gran escala que abordar el parque existente; del mismo modo, es muchísimo más rentable mejorar la eficiencia energética de un edificio con demandas de energía intensas, como un hotel o un bloque de oficinas con 3.000 horas o más de uso al año, que un edificio residencial, con demandas de energía mucho menores. ¿No es necesario desarrollar una estrategia claramente diferenciada en función del tipo y la función del edificio?

En primer lugar, en cuanto al reparto de esfuerzos entre la renovación del parque existente y la construcción de nuevos edificios (posiblemente tras su demolición), recuerdo que la tasa de demolición y de (re)construcción de la UE es muy baja. La mayoría de los edificios existentes en la actualidad seguirán en pie en 2050, por lo que deberíamos centrar el foco en renovar el parque existente para que sea compatible con la neutralidad climática de 2050. La Comisión Europea ha tenido en cuenta este hecho en su Comunicación “Oleada de Renovación” de octubre de 2020. 

En segundo lugar, en lo que respecta a la posibilidad de adoptar un enfoque diferenciado en función de segmentos inmobiliarios (residenciales y no residenciales), sí, tal vez sería pertinente diseñar políticas, herramientas y programas de apoyo en función del uso o la propiedad del edificio. Creo, por ejemplo, que en la medida de lo posible los edificios públicos deberían marcar el camino y ser sometidos a una renovación para alcanzar en 2030 al menos los niveles de EECN. La Directiva de Eficiencia Energética ya reconoce la especial importancia de los edificios públicos, pero es preciso aumentar el nivel de ambición de las disposiciones actuales. En todo caso, la adopción de un enfoque diferenciado entre distintos tipos de edificios no debería dejar de lado el sector residencial, que representa el 75 % de todos los edificios de la Unión. Si no abordamos las viviendas y los apartamentos, no alcanzaremos la transición social, que es tan necesaria como la transición climática. Por lo tanto, desde este punto de vista, centrarse en oficinas y hoteles no se puede considerar una opción rentable. Lo que necesitamos es ocuparnos de los edificios con peor rendimiento, sean o no residenciales. El modo de hacerlo puede, e incluso debe, ser diferenciado; en cualquier caso, se trata de adaptar las metodologías a los segmentos inmobiliarios, no de fijar niveles de ambición diferentes. 

Los edificios saludables y respetuosos con el clima son beneficiosos para la economía

¿Qué estrategias se aplican en algunos países de la UE para acelerar el proceso de rehabilitación del parque existente y garantizar que este tipo de reacondicionamientos incorporan renovaciones energéticas ambiciosas?

En cualquier estrategia que pretenda acelerar la rehabilitación de edificios y obtener resultados de verdad es fundamental disponer, ante todo, de objetivos ambiciosos y muy bien definidos para alcanzar el 100 % de edificios neutros climáticamente en 2050 (en consonancia con los objetivos de la UE), acompañados de una hoja de ruta exhaustiva de acción política y de presupuesto para cumplir estos objetivos. También es esencial que las estrategias nacionales se traduzcan en acciones concretas encaminadas a impulsar la demanda, cambiar las prácticas del mercado y garantizar un suministro adecuado de servicios de construcción y renovación. Aunque esto parezca evidente, según una investigación realizada por el BPIE a principios de este año, todavía no existe ninguna estrategia que cumpla todos estos requisitos, y eso es algo que resulta realmente preocupante.

Dicho esto, existen algunos ejemplos positivos que podrían inspirar a otros países de la UE y que van claramente en la dirección correcta. España, Finlandia y los Países Bajos, por ejemplo, tienen la ambición de alcanzar en 2050 una reducción de las emisiones de GEI de al menos el 90 %, y estos tres países disponen de un plan para eliminar de forma gradual los combustibles fósiles.

La estrategia de España es, de lejos, la más completa, ya que aspira a una reducción del 98,8 % de las emisiones de CO2 en 2050. Un componente clave de la estrategia española es la electrificación del consumo de energía de los edificios, así como la implantación sistemática de fuentes de energía renovables en el sistema energético del país, habiéndose fijado el objetivo de producir toda su electricidad a partir de fuentes de energía renovables en 2050, y también la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, tanto en edificios residenciales como no residenciales. La estrategia española propone además una hoja de ruta detallada que aborda todos los aspectos del mercado y busca servirse de una gama completa y coordinada de instrumentos, desde fiscales y legislativos hasta educativos y de concienciación, con el fin de aumentar el nivel de actividad de renovación.

Finlandia es otro gran ejemplo, ya que tiene como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono en 2035, aunque algunas ciudades y municipios incluso pretenden lograrlo en 2030. Las políticas específicas aplicadas para alcanzar estos objetivos incluyen: 1) reducción de la superficie mediante la demolición de edificios infrautilizados y en mal estado de conservación, y mejora de la utilización del espacio en los demás edificios; 2) mejora de la eficiencia energética mediante la renovación y el mantenimiento; y 3) descarbonización del suministro de calefacción. Cuando los sistemas de calefacción existentes necesitan ser sustituidos, deben ser reemplazados por un sistema de calefacción urbana, una bomba de calor, biocombustibles o calefacción geotérmica. El programa gubernamental de 2019 contempla una política para prescindir del combustible fósil en los edificios estatales en 2024 y en todos los demás edificios a principios de la década de 2030. Para 2021 hay prevista una subvención para que las viviendas unifamiliares y los adosados dejen de emplear la calefacción de gasóleo. Asimismo, se prevé la eliminación progresiva del uso del carbón para la calefacción para 2029.

Los Países Bajos también han desarrollado un amplio abanico de políticas y medidas, enfocadas sobre todo en la reducción del carbono con el objetivo de reducir en un 95 % las emisiones de CO2 en 2050, y que se centran principalmente en la renovación profunda y en conseguir un entorno construido libre de gases. Para ello, se hace mucho hincapié en el enfoque municipal y en el compromiso con comunidades y consumidores finales. Sin embargo, las proyecciones de uso de energía de los Países Bajos no alcanzan hasta 2050, por lo que, a diferencia de otros medios para descarbonizar edificios, no es posible determinar la contribución de la mejora en la eficiencia energética, y las políticas y los fondos asociados por ahora solo abarcan esta década.

La tasa de renovación del parque inmobiliario de la UE se sitúa en torno al 1 %, un valor a todas luces insuficiente para cumplir los objetivos de descarbonización completa de la Unión. ¿Qué iniciativas deberían adoptar los gobiernos y las partes interesadas del sector para acelerar el ritmo de renovación del parque inmobiliario e incorporar el vector energético como parte de la misma?

Esto depende de muchos factores y puede ser distinto en cada país. Sin embargo, hay algunos puntos en común que hemos apuntado en la respuesta anterior. Ante todo, los países deberían alinear su estrategia nacional de renovación a largo plazo con los objetivos climáticos de 2030, esto es, aspirar a la descarbonización del 100 % del parque inmobiliario para 2050. Una parte importante de los fondos de recuperación debería dedicarse también a las renovaciones profundas de los edificios. La planificación de la eliminación gradual de los combustibles fósiles de los edificios acercará necesariamente el vector energético a la rehabilitación de edificios. Y los países deben asegurarse de que cuentan con un marco de apoyo a nuevos modelos de negocio, así como regímenes de financiación con un potencial elevado de aumentar la renovación de edificios o el despliegue innovador de productos de financiación de EE por parte de bancos comerciales, la financiación mediante factura (on-bill) y mediante impuestos (on-tax). Por ejemplo, la financiación mediante factura es un modelo que emplea las facturas de energía como medio de reembolso, creando una asociación entre la utility, esto es, la empresa prestadora de un servicio público, la institución financiera y, potencialmente, una empresa de suministros energéticos. El proyecto RenonBill H2020, por ejemplo, está aplicando esta iniciativa en España, Italia y Lituania.

Caroline Milne

Las estrategias de renovación elaboradas por España desde 2014 han obtenido altas valoraciones, pero el nivel de obras de renovación realizadas en este sentido se ha mantenido en niveles extremadamente bajos, unas 30.000 viviendas en 2020 y, entre ellas, solo un porcentaje muy pequeño ha incorporado mejoras en términos de eficiencia energética en los edificios renovados. ¿Qué se puede hacer para promover la demanda de renovaciones y que incorpore además la cuestión de la energía?

Hay otros países que se enfrentan a patrones similares; la demanda se puede impulsar de varias maneras, entre ellas, hacer atractiva la renovación, proporcionando incentivos y financiación adecuados, invirtiendo en la calidad del suministro (mano de obra, servicios ofrecidos, calidad de los resultados, ventanillas únicas). Con todo, tenemos que aceptar que nos hace falta una revolución en las prácticas de renovación y construcción. Hacer más de lo mismo ya no será suficiente.

Ahora mismo España se encuentra en una situación sin precedentes: tienen ustedes una de las mejores estrategias nacionales de renovación a largo plazo y su plan de recuperación y resiliencia destina 6820 millones de euros (9,8 % del total) a edificios. Esto constituye una oportunidad irrepetible para propiciar un cambio masivo en el sector de la construcción y crear las condiciones adecuadas para pasar de las 30.000 viviendas renovadas anuales de hoy en día a las 300.000 para 2030.

¿No sería mejor estandarizar los requisitos de los edificios de consumo energético casi nulo entre los distintos países de la UE, teniendo en cuenta, obviamente, el clima, la capacidad y el desarrollo del sector de la construcción, así como los factores socioeconómicos de los distintos países?

En lo que respecta a las normas EECN, hay dos cuestiones clave que deben abordarse: las normas en sí y la metodología. Las normas EECN de la UE no reflejan el compromiso de la Unión de alcanzar la neutralidad climática en 2050. La actual definición de EECN en la DEEE exige que todos los edificios nuevos se abastezcan de fuentes de energía renovables solo “en muy amplia medida”, y eso ha dado pie a interpretaciones muy diversas en la Unión. Permitir la instalación de sistemas basados en combustibles fósiles en edificios nuevos provocará un efecto de dependencia nocivo que puede y debe evitarse. 

Además, entre los Estados miembros existe una gran disparidad en la aplicación de las disposiciones de la DEEE relativas a los EECN, por ejemplo, en lo que respecta a las definiciones y los parámetros utilizados para determinar los EECN nacionales, los métodos de cálculo y los niveles de eficiencia energética necesarios para que los nuevos edificios obtengan la condición de EECN, y la medida en que los requisitos de energía residual deben cubrirse con energía renovable. Cabe mencionar también que las normas EECN de algunos Estados miembros se calcularon hace algunos años, aunque que no se hayan convertido en ley para todos los edificios hasta principios de este año. Esto significa que no se basan en los últimos datos sobre costes, algo que es de especial importancia a la vista de la considerable reducción de costes de las energías renovables.

Estas diferencias son factores importantes a tener en cuenta por los responsables políticos de la UE al contemplar la revisión de la DEEE dado el potencial de los EECN para contribuir al objetivo más amplio de la UE de un parque inmobiliario altamente eficiente energéticamente y descarbonizado para 2050. Recomendamos la introducción de una nueva norma en la próxima revisión de la DEEE que exija que todos los edificios nuevos construidos (a más tardar) a partir del 1 de enero de 2030 sean de energía positiva/cero neto de carbono a lo largo de su ciclo de vida, y que la metodología utilizada para establecer los requisitos de EECN se armonice para todos los Estados miembros. En realidad, lo que debería armonizarse es la metodología, no necesariamente los valores de las normas, que pueden diferir en función de cada zona climática.

La Legislación Europea sobre el Clima consagra el compromiso de neutralidad de carbono para 2050, lo que significa que las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores económicos de la UE van a tener que compensarse con sumideros de carbono o con la captura, almacenamiento y uso de carbono. Por otra parte, hay sectores en los que la descarbonización no va a ser posible. Es el caso de la agricultura y de algunos medios de transporte, como el aéreo, el marítimo o el de larga distancia, así como el de algunos sectores industriales, como el del plástico y el del cemento. Esto obligará al sector de la construcción a emprender una descarbonización completa. En este sentido, ¿no existe una contradicción clara entre las exigencias de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (DEEE) —que exige que todos los edificios sean edificios de consumo de energía casi nulo (EECN) para 2050— y la necesidad de una descarbonización completa del sector para el mismo año? En ese caso, ¿será necesario emprender acciones en los mismos edificios renovados antes de 2050 para asegurarse de que sean edificios de energía cero? Esto sería un despilfarro de dinero, sobre todo si no se interviene en los edificios compatibles con un edificio completamente descarbonizado para 2050.

La Legislación Europea sobre el Clima es un logro muy importante, ya que consagra en la ley un objetivo común de la UE y de todos los Estados miembros, consistente en alcanzar la neutralidad climática en 2050. Esto significa, ante todo, reducir nuestras emisiones de GEI del modo más rápido y en la mayor cantidad posible antes de recurrir a sumideros de carbono. Esta filosofía deberá aplicarse también al sector de la construcción. En BPIE, hemos calculado que para que el sector contribuya al objetivo climático global de 2030 de reducir las emisiones de GEI en, al menos, un 55 % (respecto a 1990), las emisiones de los edificios deberán haber disminuido un 60 % en 2030 (respecto a 2015). El desafío es enorme e implica una reducción drástica del consumo de energía, así como un uso creciente de las fuentes renovables. 

En cuanto al horizonte de 2050, la actual legislación de la UE establece el objetivo de un parque inmobiliario “de alta eficiencia energética y descarbonizado” para 2050. Aunque la adición de esta disposición en la Directiva sobre Edificios de 2018 fue un paso positivo, este concepto sigue siendo demasiado vago y, por lo tanto, está sujeto a interpretaciones. Como dice usted, es evidente que EECN para 2050 no es suficiente. El BPIE pide que se aclare e incremente la ambición de la visión de 2050 del parque inmobiliario, que debe ser “cero neto de energía y de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida”. Esto significa 1) alcanzar un rendimiento energético muy elevado (anteponiendo la eficiencia energética); 2) someterse a una descarbonización completa en la fase operativa (suministro de energía solo por renovables); y 3) garantizar bajas emisiones de carbono incorporado en materiales y procesos de construcción. 

Ahora bien, a nivel de los edificios individuales, deberíamos asegurarnos de que los nuevos edificios construidos a partir de hoy no necesiten someterse a una renovación importante de aquí a 2050. Las normas para nuevos edificios deben establecer un nivel de ambición superior al actual: a partir de 2030, deben ser cero neto de energía y de carbono a lo largo de su ciclo de vida útil. Se podría argumentar que los edificios construidos entre 2021 y 2050 no constituirán la mayoría del parque inmobiliario a mediados de siglo. Sin embargo, las normas para las nuevas construcciones marcan la pauta para la descarbonización del parque existente. Es más, un análisis del BPIE ha demostrado que entre los Estados miembros existe una gran disparidad a la hora de aplicar las normas de EECN (vigentes para los nuevos edificios desde 2021), y muchas definiciones nacionales no están en la línea de una “eficiencia energética casi nula”. Así pues, salta a la vista que hay motivos para mejorar las normas para edificios nuevos.

Respecto a los edificios existentes sometidos a renovación, debemos asegurarnos de que la renovación profunda sea la práctica habitual y se incorpore como la opción por defecto en el diseño de todos los proyectos de rehabilitación, las medidas políticas o los programas de asistencia financiera. La renovación profunda es un proceso para capturar, en uno o unos pocos pasos, todo el potencial de un edificio para reducir su demanda energética. En última instancia, esto conduce a un rendimiento energético y de emisiones de carbono muy elevado, asegurando así que el edificio será compatible con la neutralidad climática en 2050 (evitando efectos de dependencia) y proporcionará calidad a sus ocupantes.

Nos hace falta una revolución en las prácticas de renovación y construcción

¿Cree que es posible lograr un sector de la construcción con cero neto emisiones de gases de efecto invernadero en 2050?

Por supuesto que sí. De todos modos, hemos de ser sinceros con nosotros mismos y prepararnos para un cambio radical. Para alcanzar los objetivos climáticos que nos hemos marcado para 2050, debemos llegar a una tasa de renovación profunda anual del 3 % en 2030 (es decir, lograr un ahorro energético superior al 60 %; actualmente es de apenas un 0,2 % anual). Esto significa multiplicar por 15 nuestros esfuerzos actuales. Eso no es una tarea simple. Dicho esto, somos una especie innovadora y ahora, con “Fit for 55”, tenemos una oportunidad única de dar grandes pasos en el diseño de la política actual. Vamos a tener que centrarnos cada vez más en los edificios con peor rendimiento y proporcionar ayuda a la población con ingresos bajos y medios para que puedan acceder a la renovación de edificios y viviendas. Asimismo, debemos contemplar una eliminación progresiva de los combustibles fósiles en los edificios y, en particular, en la calefacción. Es muy importante que haya voluntad. Las partes interesadas tienen que dejar de trabajar en compartimentos estancos; tenemos que dejarnos llevar por una visión compartida. En este sentido, los responsables políticos tienen una gran responsabilidad: ellos deben impulsar el cambio y venderlo a sus comunidades, y además tienen que asegurarse de que nadie quede atrás. La descarbonización del sector de la construcción debería dejar a todos en una situación mejor que la anterior.

¿Cree usted que la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (DEEE) debería fijar un marco temporal de actuación en el parque de viviendas existente para lograr la plena descarbonización en 2050? Por ejemplo, exigir que un inmueble de segunda mano esté obligado a alcanzar una determinada calificación energética en un momento determinado antes de ser vendido o alquilado.

La DEEE, y también la legislación y las actuaciones nacionales, deben adoptar medidas en el sector de la construcción de una forma estructurada, global y permanente con una perspectiva a largo plazo. En realidad, la Directiva sobre Edificios ya incluye una herramienta de este tipo, la estrategia nacional de renovación a largo plazo, que cada Estado miembro debe elaborar, aplicar, supervisar y actualizar. Estas estrategias de renovación deben diseñar políticas, medidas e inversiones para alcanzar la visión de 2050 de un parque inmobiliario “descarbonizado y altamente eficiente desde el punto de vista energético”. Aunque la década que vivimos es crucial para la consecución de nuestros objetivos climáticos, la rehabilitación de edificios no puede considerarse en absoluto una cuestión a corto plazo. Los Estados miembros deben fijar hojas de ruta claras hasta 2050, así como hitos en 2030 y 2040 a fin de evaluar los avances y adoptar medidas correctivas si es necesario. No obstante, es cierto que el contexto actual de los planes de recuperación pospandemia, combinado con revisiones de la legislación de la UE para ajustarla a la ambición climática de 2030, se puede considerar un buen impulso para intensificar la acción sobre el terreno. Los Estados miembros deberían utilizar en la medida de lo posible los fondos de recuperación puestos a disposición a través del programa Next Generation EU de la Unión para financiar programas de rehabilitación de edificios y emprender todas las reformas necesarias para que los edificios estén preparados para el futuro. 

En cuanto a las medidas políticas concretas que pueden introducirse, la que usted menciona es interesante y muy prometedora. Actualmente, la Comisión Europea debate la posibilidad de introducir este tipo de normas mínimas de rendimiento (MPS) en la Directiva sobre Edificios, que va a revisarse próximamente. De hecho, en diciembre de este año se publicará una nueva propuesta. Las MPS son reglamentos que exigen que los edificios cumplan una determinada norma de eficiencia (energética, pero también de carbono) en un momento determinado, de manera coordinada con puntos de activación naturales dentro del ciclo de vida del edificio (como el cambio de propiedad o de inquilino, como dice usted en su ejemplo). En el BPIE, creemos que las MPS son una herramienta útil para aumentar tanto la tasa de renovación como su profundidad, al tiempo que permiten la flexibilidad suficiente para que su diseño pueda contemplar las diferentes estructuras de propiedad y el estado de distintos segmentos inmobiliarios. Las MPS son un instrumento político prometedor que deberían introducirse en un ecosistema de otras medidas para garantizar inversiones adecuadas, evitar los efectos de dependencia y asistir a los arrendatarios y los propietarios más vulnerables, así como a los hogares con bajos ingresos que pueden no tener la capacidad de afrontar los obstáculos y los costes de las renovaciones. Algunos Estados miembros, como los Países Bajos o Francia, pero también otros países, como el Reino Unido o Estados Unidos, han introducido las MPS en su normativa. 

En los edificios que controlan la eficiencia energética, ya sean residenciales o no, hay grandes diferencias entre el consumo energético previsto y el real. Aunque evidentemente algunas de estas diferencias pueden achacarse al factor usuario, la mayoría se debe a la gran diferencia entre la eficiencia energética real del edificio y la teórica. Así las cosas, ¿no resulta muy importante incorporar en los códigos de construcción objetivos de eficiencia basados en la corrección del uso por parte del usuario del edificio? De lo contrario, nos estaríamos engañando con respecto a los resultados obtenidos al descarbonizar el parque inmobiliario y solo nos daríamos cuenta de ello cuando fuera demasiado tarde.

Es cierto que los edificios de nueva construcción y también los que se han renovado pueden experimentar lo que se conoce como “brecha de eficiencia” entre lo prometido o esperado y lo obtenido en realidad. Una observación inicial antes de centrarme en cuestiones metodológicas para el cálculo de la eficiencia energética: yo aquí vería la enorme importancia que tienen los arquitectos a la hora de diseñar edificios o proyectos de renovación. Además de los arquitectos, los ingenieros y toda la mano de obra que ejecuta el proyecto sobre el terreno deben disponer de plena competencia para garantizar la correcta instalación, servicio y mantenimiento de todos los materiales y equipos de construcción. 

Hèléne Sibileau

Dicho esto, es cierto que los códigos de edificación, que se derivan de la legislación nacional, la cual, a su vez, emana de las directivas de la UE (en concreto, del Anexo I de la Directiva de Edificios), fijan requisitos de eficiencia energética definidos en uso de energía primaria expresado en kWh/m²/año. La parte de ese uso de energía primaria cubierta por energías renovables, ya sea ubicadas en los edificios o procedentes de un lugar cercano, puede descontarse como si mejorara la eficiencia energética del edificio. Por lo tanto, consideramos que este enfoque para definir la eficiencia de los edificios va en detrimento de la comprensión de la eficiencia real.

A pesar de los cambios necesarios en el marco para el cálculo de la eficiencia energética de los edificios, también es importante actualizar el marco para los certificados de eficiencia energética, los cuales proporcionan información a un puñado de actores sobre la eficiencia energética del edificio. Pues bien, esta información se basa en la eficiencia calculada, pero sería más interesante y útil para los propietarios y los ocupantes de los edificios disponer de un certificado que proporcionase información sobre la eficiencia energética real. Gracias a los datos obtenidos de los contadores inteligentes (si están disponibles) o de las facturas de las utilities, es posible elaborar el historial y la perspectiva probable del consumo real de energía. Puede encontrar más información sobre cómo incorporar datos de consumo real de energía a los datos del certificado de eficiencia energética en este informe en el que el BPIE ha trabajado en el marco del proyecto X-tendo. En cualquier caso, esto subraya importancia crucial que tienen la recopilación y el análisis de datos realizados de forma minuciosa, estructurada y transparente para controlar, ajustar y corregir la eficiencia energética de los edificios.

Es importante actualizar el marco para los certificados de eficiencia energética

En los últimos años el BPIE ha publicado informes muy relevantes que son lectura obligada para quienes quieren formarse una opinión fundada sobre los retos y las oportunidades de transformar el sector de la construcción en un sector de emisiones bajas o nulas. ¿Cuáles son los retos y las actuaciones que debe emprender el sector durante esta década para alcanzar los objetivos de cero neto de emisiones en 2050?

De hecho, el “sector” es muy amplio y representa una gran diversidad de partes interesadas y tipologías de edificios, cada uno con sus propios retos. Por ello, centraré mi respuesta principalmente en el aspecto político.

Actualmente, en el contexto del paquete “Fit for 55”, la revisión de la DEEE (Directiva de Eficiencia Energética de Edificios) es una oportunidad inmensa para establecer un marco político para el éxito a largo plazo, pero no es una tarea simple. Esta Comisión Europea debería garantizar una revisión exhaustiva de la DEEE con vistas al objetivo de la neutralidad climática en 2050 en lugar de aplicar un enfoque específico o selectivo en la revisión de la política. En este sentido, hay numerosos elementos que deberían incluirse actualmente en la revisión de la DEEE y desplegarse en esta década.

En primer lugar, se debería establecer una visión clarificada y más ambiciosa del parque inmobiliario en 2050, que debería integrar como medida reguladora factores referidos al carbono para el ciclo de vida completo, con objetivos claros para que en ese año los edificios sean cero neto de energía y de carbono durante toda su vida útil. También deberían establecerse normas compatibles con la neutralidad climática para todos los edificios, como normas de construcción adaptadas a nuevas definiciones de edificios (más allá del actual edificio de consumo de energía casi nulo), y una metodología modificada de optimización de costes a modo de punto de referencia. También deberíamos contemplar la introducción de normas mínimas de rendimiento (MPS) para impulsar la actuación tanto en la tasa de renovación como en la profundidad de esta.

En segundo lugar, se debería potenciar también la financiación y la asistencia técnica para la renovación profunda: la legislación debería considerar esta asistencia como un “marco esencial” que debería acompañar las medidas reguladoras. En la actualidad, aunque hay disponibles muchos programas de asistencia técnica y corrientes de financiación, el proceso se suele considerar demasiado complejo y, en consecuencia, no se adoptan medidas sobre el terreno. No siempre está claro qué usuarios finales pueden acogerse a determinados programas, ni cómo iniciar el proceso de participación y solicitud. También hay que mejorar la calidad del marco de los certificados de eficiencia energética, y hay que hacer mucho más en divulgación: la gente debe saber lo que tiene a su disposición, y la renovación de los edificios debe simplificarse. Se debería desarrollar una red de servicios de asesoramiento (p. ej., pasaportes de renovación de edificios, ventanillas únicas) para acercar la renovación a quienes la necesitan.

Más allá de la política, la gran diversidad de partes interesadas que intervienen en el sector siempre es un desafío constante. Es necesario aumentar la colaboración y el intercambio de conocimientos, ideas y acciones. No todas las partes interesadas tienen el mismo “interés” en la descarbonización; para algunas es mucho más urgente e importante que para otras. Estos actores deben orientarse hacia sus objetivos. Unos objetivos ambiciosos y una legislación integral contribuirían a impulsar este proceso. 

La Comisión Europea ha elaborado un estudio sobre la viabilidad de incorporar la construcción y el transporte al régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE). ¿Cree que sería una buena opción incorporar los edificios en el RCDE? ¿Qué efectos podría tener esto en la construcción? ¿Contribuiría al proceso de descarbonización?

No, se debería evitar la incorporación de los edificios en el actual marco del RCDE. El precio del carbono en régimen de comercio de derechos de emisión siempre es volátil; además, unas políticas nacionales ambiciosas pueden provocar ineficiencias en el sistema basado en el mercado. Si se recurre a un RCDE, es crucial que haya un precio mínimo y un mecanismo sólido de estabilidad del mercado para garantizar niveles de precio suficientes; un RCDE independiente es preferible a una ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión para reflejar los elevados costes de reducción dentro del sector de la construcción. Dicho esto, consideramos que un sistema impositivo sobre el carbono es mejor que un RCDE independiente, ya que puede diseñarse por separado y puede ajustarse con más facilidad si no se alcanzan los objetivos.

La Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (DEEE) solo contempla requisitos de energía y emisiones mientras el edificio está en uso, pero no fija requisito alguno de energía y emisiones generadas durante el ciclo de vida del mismo. Además, la considerable reducción de las emisiones como resultado del aumento de las disposiciones respecto al funcionamiento de los edificios implica que la energía y las emisiones derivadas del proceso de fabricación de los materiales representan muchos años de las producidas mientras el edificio está en uso. ¿Considera usted que la revisión de la DEEE que se está llevando a cabo debería incluir algunos límites a la energía incorporada en los materiales de construcción? ¿Y qué hay de las otras fases del ciclo de vida? ¿Hay conocimientos suficientes para establecer límites cuantitativos sistemáticos para otras fases del ciclo de vida del edificio?

Tiene usted razón, la DEEE se centra en la fase operativa del ciclo de vida de los edificios. Históricamente este ha sido el enfoque adoptado por la legislación de la UE, ya que el uso de los edificios representa el 40 % del consumo energético de la UE y el 36 % de sus emisiones de GEI, y todavía depende en gran parte del uso de combustibles fósiles (alrededor del 80 %). Ahora que se construyen y se renuevan más edificios conforme a normas de eficiencia energética más estrictas (y, por lo tanto, reduciendo las emisiones operativas), la proporción de emisiones derivadas de otras fases del ciclo de vida del edificio, dejando aparte la fase de uso, adquiere más importancia en comparación. 

No existe un consenso generalizado sobre la cantidad exacta de emisiones que generan los edificios en la UE a causa de las emisiones incorporadas, esto es, las emisiones asociadas al consumo de energía y a los procesos químicos durante la extracción, la fabricación, el transporte, el montaje, la sustitución y también la deconstrucción. Además, la importancia de las emisiones de carbono incorporado no puede reflejarse necesariamente en una sola cifra, pues varía en función del tipo de edificio, la vida útil del mismo, el estado de descarbonización de la red y las condiciones climáticas. Pero, de forma general calculamos que el carbono incorporado suele representar entre el 10 % y el 20% de la huella de carbono de los edificios en la UE, una cifra que cabe esperar que aumente en el futuro.

Por lo tanto, es muy importante empezar a abordar esta cuestión, también a nivel de la legislación de la UE. El BPIE ha realizado algunos estudios sobre esta cuestión, así como recomendaciones directas para los actuales debates políticos en torno a la Directiva de Edificios. Proponemos que la DEEE empiece a integrar factores referidos al carbono para el ciclo de vida completo con el principio de “primero la eficiencia energética”, y que esta consideración se aplique a todos los instrumentos políticos, desde las estrategias de renovación nacionales hasta los pasaportes de renovación de edificios, o las normas mínimas de rendimiento energético. ¿Qué significa esto de forma más concreta? En primer lugar, necesitamos introducir parámetros sobre el carbono operacional y el incorporado que permitan el seguimiento y la notificación de ambos. Esto puede hacerse con una herramienta llamada registro digital de edificios. El motivo de ello es que antes de definir cualquier requisito sobre emisiones de carbono incorporado necesitamos tener más visibilidad e información sobre lo que está sucediendo. Por ejemplo, exigimos que todos los edificios públicos y de nueva construcción estén obligados a informar sobre emisiones de carbono incorporado a partir de 2025. Esto nos permitirá aplicar a partir de 2030 los requisitos adecuados para todos los edificios nuevos, lo que significa que deberán ser cero neto de energía y de carbono a lo largo de todo su ciclo de vida. Aunque estos requisitos entren en vigor a partir de 2030, ya deberían estar contemplados en la legislación actual.

 

Conclusión

De las respuestas de las tres directivas de BPIE, creo que podemos sacar una idea clara del proceloso camino que debe recorrer la edificación para contribuir en su parte alícuota a la neutralidad climática de la UE. Está claro que, para conseguirlo, va a ser necesario abordar profundos cambios en todos los sectores y en la forma de hacer las cosas, debiendo pasar de trabajar en compartimentos estancos a un trabajo mucho más colaborativo entre los diferentes agentes del sector.

Referencias

1

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2020). 2020 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector. (Informe de estado global 2020 para edificios y construcción: hacia un sector de la construcción y os edificios con cero emisiones, eficiente y resistente) Nairobi https://globalabc.org/our-work/tracking-progress-global-status-report

2

Sexto Informe de Evaluación del IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/