La Clave: Nueva Movilidad y Espacio Público Urbano

María José Rallo del Olmo | Secretaria General de Transportes y Movilidad

"Hay que equilibrar los riesgos de la colaboración público-privada"

Ingeniera de caminos, canales y puertos y economista, María José Rallo, trabaja en la elaboración de la nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte del Mitma. Afirma que la norma plantea la movilidad como “un derecho que favorecerá la cohesión social, promoverá el crecimiento económico y la colaboración público-privada”. Llegará al Consejo de Ministros antes del mes de julio de este año.

Daniel Rodríguez 

© Luis de las Alas

María José Rallo (Castellón 1971) saluda con un gesto rotundo, situando su mano derecha en el corazón, al tiempo que sonríe con los ojos. Defiende la incorporación del ingeniero de caminos en la función pública, en la que se nota que disfruta, y que ejerce desde 1998.

Asegura convencida que impulsar la Estrategia de Movilidad Segura, Conectada y Sostenible del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es “la mayor satisfacción” de su carrera. En esta transformación hacia un nuevo modelo detecta grandes oportunidades para los ingenieros de caminos en el ámbito de la tecnología, la energía, las obras hidráulicas y la ingeniería sanitaria.

¿Cómo está siendo el impacto de la pandemia en la movilidad y el transporte en España?

Esta ha sido la vez en la que la movilidad se ha visto más afectada, probablemente, desde la guerra civil.  Estuvimos en niveles de movilidad de un 17% respecto a 2019; es una reducción de más del 80%.

Desde el Ministerio seguimos la evolución de cada medio de transporte y elaboramos un estudio con tecnología Big Data para analizar, a través de los móviles, el nivel de movilidad nacional, autonómico, provincial y local. Con ello vimos que en todo el año 2020 la movilidad de todo el año fue de un 53% respecto a la del año anterior. Actualmente la movilidad general en el conjunto del país, incluyendo viajeros y mercancías, se encuentra en un nivel del 70% del observado en la pandemia, pero con datos muy distintos según el modo de transporte considerado.

¿Qué hemos aprendido, estamos más preparados para compaginar nuevas formas de trabajo y de movilidad?

Tenemos que analizar qué cambios de los producidos, como el teletrabajo la digitalización o el uso de la bicicleta, son coyunturales y cuáles pasan a ser estructurales. Por ejemplo, un cambio ha sido el gran impulso del comercio electrónico. Tiene un aspecto muy relevante en la distribución urbana de mercancías e impacta en los niveles de congestión y de calidad de la movilidad en las ciudades.

Las personas también quieren tener más espacio público para ellos y menos para el coche. Con las iniciativas que han impulsado muchas ciudades, relacionadas con reducir el espacio al vehículo privado y dárselo al peatón, se ha catapultado el reclamo de ese espacio público para las personas en lugar de para los vehículos.   

Un estudio de Pons Seguridad Vial indica que un 70% de ciudadanos prefiere que las zonas de baja emisión de las ciudades tengan la misma regulación en todas las comunidades.

Dentro la autonomía municipal, y el encaje constitucional que tenemos, nuestra fórmula es precisamente utilizar ese Sistema Nacional de Movilidad para que, no por imposición sino que el acuerdo entre todos los ayuntamientos, se establezca una base común que sirva de manera homogénea para establecer esas normativas que tienen que regir estas zonas de bajas emisiones. Y eso está en la Ley.

De acuerdo con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se va aprobará en breve, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán que establecer esas zonas de bajas emisiones. Dentro de la autonomía municipal y el encaje constitucional nuestra fórmula es utilizar ese Sistema Nacional de Movilidad para que, con el acuerdo entre todos los ayuntamientos, se establezca una base común que sirva de manera homogénea para establecer esas normativas que rijan estas zonas de bajas emisiones. 

Vamos a incorporar la propuesta de un Sistema Nacional de Movilidad que, de manera similar a otros sistemas nacionales, como el Sistema Nacional de salud, establezca ese foro de colaboración y coordinación entre administraciones que permita sistemas de gobernanza mucho más robustos que los que tenemos.

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El aumento del uso del coche particular en la pandemia ha reducido seriamente los ingresos de los operadores públicos de transporte. ¿Recibirán alguna ayuda específica?

Hoy, (12 de marzo) precisamente, se publica en el BOE una resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda para iniciar un proceso de compensación a los ayuntamientos por esa merma de ingresos durante el año 2020 para buscar la sostenibilidad del sector y del transporte público. Este último tiene que estar llamado a seguir siendo la columna vertebral de la movilidad en las ciudades, pese a esta etapa que esperamos que sea coyuntural y pasajera.

El miedo es perfectamente legítimo. Es entendible que haya personas que tengan reticencias a utilizar el transporte público, aunque hasta ahora se ha demostrado que es seguro.

¿Cuál es el espíritu de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación y en qué fase se encuentra?

El gran cambio conceptual es considerar la movilidad como un derecho en el que todas las administraciones tienen que colaborar para que consigamos que sea un elemento de cohesión social. Vivas donde vivas debes tener las mismas oportunidades.

Tiene que ser la palanca para el crecimiento económico y la mejora de la sostenibilidad y, a partir de ahí, establecer ese Sistema Nacional de Movilidad y las bases para la movilidad del futuro. Hay que destacar que la ley está incluida como un hito dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, por lo existe un compromiso de cumplimiento para que luego los Fondos Europeos se puedan liberar. 

La ley está en fase de redacción del texto articulado. Se han incorporado las aportaciones que hemos recibido y que corresponden a una ley, que suponían una diferencia o las que hemos considerado necesarias incluir. La previsión es que la podamos llevar a Consejo de Ministros para primera lectura en el segundo trimestre, por lo tanto, entre abril y junio de este año.

Las aportaciones del Colegio a la nueva ley han sido muy útiles

Entre las aportaciones a la ley realizadas por el Colegio Caminos, Canales y Puertos figura la defensa del modelo de colaboración público privado y la necesidad de coordinación entre administraciones.

Las aportaciones del Colegio están completamente alineadas con lo que contemplamos en la estrategia, además han sido muy útiles. Agradecemos el trabajo de la Comisión de Transportes y Movilidad del Colegio.

No hay que pensar solo que la colaboración público-privada se limita a la financiación, esta debe tener un rango mucho más amplio de actividad. Es una unión que hay que fortalecer.

Es evidente que la administración por sí sola no puede avanzar con la suficiente rapidez y agilidad, necesita esa colaboración con el sector privado, ya que son mucho más ágiles y tienen un conocimiento que complementan al del público. Somos muy favorables a todas las fórmulas de colaboración público-privada.

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¿Cómo plantean el modelo de la colaboración público-privada?

La colaboración público-privada hay que equilibrarla, hay que equilibrar los riesgos a través de un sistema para que no haya la percepción de que al final hay una situación asimétrica entre la posición del privado y la posición del público. 

El Colegio también plantea el pago por uso, especialmente, en la red de autovías de alta capacidad del Estado. Este modelo se utiliza en España en torno a un 17%, en cambio, en Alemania, Italia o Francia llega al 75%.

Hay que abordar un debate sobre asegurar el mantenimiento y la conservación de la red viaria de carreteras, de eso no hay duda. Cada vez tenemos una red de carreteras de gran capacidad de más kilómetros, con unos estándares de calidad muy buenos, pero hay que asegurar que se dispone de los medios para ese mantenimiento.

Ese debate podrá concluir en cualquiera de las fórmulas: una puede ser el pago por uso y otra puede ser asegurarlo por otras vías. Lo que necesitamos es consensos políticos, porque no se trata de que haya una iniciativa en un sentido o en otro y que al año siguiente haya otra, y que al año siguiente haya otra. Se trata de conseguir unos consensos entre partidos que permitan dar estabilidad al modelo que se elija. 

El pago por uso estará en la nueva ley si hay consenso político y social

Así que, si hay consenso, se incluirá el pago por uso en la Ley

Aunque no podemos a estas alturas prever si irá o no irá, lo que está claro, porque así nos hemos comprometido con el sector del transporte, es que cualquier iniciativa que se vaya a hacer o que se pueda abordar, la trataremos también con ellos. Todavía no hay tomada ninguna decisión.

El MITMA gestionará unos 14.000 millones de euros de los fondos Next Generation UE ¿Cuándo empezarán a llegar y qué papel van a tener las comunidades autónomas y los ayuntamientos? 

La fecha se escapa de mi ámbito competencial, es una cuestión de Estado y del conjunto de ministerios.

El plan está estructurado en diez políticas palanca y treinta componentes, y dentro de ellas, cada una la lidera un ministerio, si hablamos de digitalización es el Ministerio de Economía, del hidrógeno el Ministerio de Transición Ecológica.

Como Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana vamos a liderar tres componentes; uno de agenda urbana y dos del ámbito del transporte. Uno está muy centrado en movilidad urbana y otro en movilidad en general. En este espacio habrá un paquete muy relevante de inversiones que serán propias del Ministerio.

Serán sobre todo inversiones ferroviarias vinculadas a finalizar los corredores europeos, a la mejora de la logística ferroviaria para incentivar el transporte de mercancías por ferrocarril, y luego habrá una parte de ayudas al sector privado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.

¿Cuál es el mecanismo para acceder a estos fondos?

Tenemos que hacer como país una serie de transformaciones en nuestra actividad económica y esas transformaciones requieren un apoyo de fondos adicionales, porque por sí solos no alcanzarían los niveles de rentabilidad adecuados.

Los proyectos que se presenten tendrán que cumplir cada uno unos requerimientos y en todos se tendrá que demostrar su vinculación. Cualquier iniciativa no tiene porqué ser objeto de subvención o de ayudas. En definitiva, que están alineados con alcanzar esa transformación verde en el sentido de sostenibilidad ambiental o digital.

¿Y en qué administración se deben presentar los proyectos?

A través de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, y de los propios ministerios. El Ministerio entregará ayudas a comunidades autónomas y ayuntamientos y después estos serán los beneficiarios de la ayuda. Más tarde contratarán por el método normal, se licitará, adjudicará y ejecutará.

Cuando son empresas privadas tendrán que demostrar que contribuyan a los objetivos de cada una de las componentes y seguramente habrá convocatorias en los distintos ministerios a las que se podrán presentar, pero recordamos que cumpliendo unas bases. 

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¿Cómo valora la creación del Observatorio de la Inversión en Obra Pública del Colegio de Ingenieros de Caminos para analizar la gestión de los fondos europeos?

Todas las herramientas que nos permitan, de manera ordenada y estructurada ver cómo está la situación de cualquier ámbito es una práctica muy útil, y especialmente, cuando están lideradas por un colegio profesional, que además tiene independencia respecto a los distintos intereses. El Colegio aporta un gran valor añadido.

El Colegio sabe que el Ministerio también tiene sus propios instrumentos de recogida de datos y análisis, pero desde luego va a ser una herramienta muy importante para realizar un diagnóstico de por dónde vamos y cómo vamos avanzando.

Como nos decía, también prevén inversiones en el ferrocarril, ¿se mejorará la conexión con los puertos?

Por supuesto. Hay que hacer que la cadena intermodal sea eficiente y fácil de ejecutar, por lo que hay que trabajar para hacer que toda la cadena funcione. Existe una voluntad clara de incrementar ese transporte de mercancías por ferrocarril, sin perjuicio de que no podemos olvidar que el transporte por carretera es y va a seguir siendo muy relevante. 

En España el transporte de mercancías por ferrocarril está en unas cifras muy bajas y estas tienen que mejorar, por lo que va a haber inversiones importantes. En el transporte marítimo también existe un gran potencial de crecimiento.

Hoy en día el transporte más relevante es el de mercancías por carretera, por lo que en este ámbito también se tiene que ejecutar la transformación digital y la transformación verde. Estamos trabajando en ello intensamente.

¿Qué ayudas prevén para potenciar el uso del vehículo eléctrico?

El Plan de Recuperación tendrá un paquete muy relevante de ayudas a la movilidad eléctrica, tanto para adquisición de vehículos, como para instalación de puntos de recarga. Es una medida que van a gestionar principalmente desde el IDEA y que depende del Ministerio de Transición Ecológica. Desde luego va a ser muy potente.

¿Cuál va a ser el cambio que aporten las carreteras inteligentes?

Es una parte que se gestiona desde la Secretaría General de Infraestructuras y que va a ser muy importante en los próximos años. Hay que tener en cuenta que antes que la movilidad autónoma vamos a tener una movilidad conectada.

Hay un gran potencial también en toda la parte energética, es decir, como a través de las carreteras se puede hacer una gestión energética con fórmulas absolutamente novedosas. Es un campo llamado mantenimiento predictivo.

Más ejemplos son la gestión de los taludes en las carreteras, la gestión de las estructuras. El concepto de carretera inteligente tiene distintas facetas y en todas hay un potencial tremendo.

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En relación a la distribución de paquetería de la última milla, ¿qué papel tendrán los vehículos autónomos y los drones?

La distribución urbana de mercancías debe ser como una caja de herramientas en la que cada ayuntamiento elija la que le resulte más adecuada. Puede ser un coche autónomo o la expansión de los lockers para evitar los viajes en vacío de los repartidores. 

En cuanto al transporte aéreo, es un ámbito en el que se está avanzando mucho y resulta fundamental su gestión. Se está trabajando intensamente y ya estamos con proyectos piloto, a partir de ahí, se irá expandiendo en los próximos años.

¿Qué oportunidades detecta para los ingenieros de caminos, canales y puertos en la Estrategia de Movilidad que están impulsando?

Hay una gran potencialidad de negocio en el ámbito de la movilidad. Los ingenieros de caminos tenemos que estar a la cabeza en todos los cambios que va a haber, muchos asociados a la tecnología, porque cuando hablamos de cuestiones de sostenibilidad, de nuevas energías, tienen una parte tecnológica muy importante en donde debemos estar. 

Ya sea el coche eléctrico con los puntos de recarga o la introducción del hidrógeno, es destacable la tecnología en el mantenimiento de las infraestructuras, la utilización de modelos predictivos de cómo se va a comportar la infraestructura, los conocidos gemelos digitales y la utilización del “BIM” en la obra pública.

Además de las infraestructuras de transporte, que es mi área, hay oportunidades en el ámbito de las obras hidráulicas, las depuradoras y la ingeniería sanitaria. Sin olvidar el campo de la eficiencia energética en edificios, ahí van a producirse unas inversiones muy relevantes. Creo que faltan profesionales especializados en estos ámbitos en el que los ingenieros tienen mucho que decir. 

Los ingenieros de caminos pueden tener un papel de liderazgo en esta movilidad segura, sostenible y conectada. No solo lo creo, sino que no veo otra opción.

¿Y qué papel debe tener el Colegio de Caminos en esta gran transformación?

El Colegio de Caminos está haciendo una labor estupenda en la oferta de cursos de formación, haciendo este reskilling para adaptarnos a toda la parte tecnológica que, a lo mejor debido a nuestro bagaje, hemos estado más centrados en el ámbito más técnico, de cálculos, de pura obra civil. 

Estamos en un momento en el que no nos podemos quedar atrás. El papel del Colegio es muy relevante. Animo a pensar en grande, a pensar desde un punto de vista más abierto de lo que es la inversión en obra civil para introducirnos en la parte más tecnológica y conseguir mirar la realidad desde una visión a vista de pájaro. 

¿Cómo valora la aportación del ingeniero de caminos en la función pública?

Creo mucho en la importancia de la labor de lo público. Es necesario que desde el ámbito público se hagan las cosas bien, porque tiene mucha importancia para la actividad económica y para la  calidad de vida de las personas. 

Defiendo mucho la labor de los funcionarios y de los empleados públicos que están en empresas privadas; ese trabajo que a veces no se ve pero que es fundamental.

Por eso también animo a todos los ingenieros a presentarse a las oposiciones, necesitamos aquí toda esa inteligencia y toda esa excelencia intelectual para contribuir a hacer un país mejor. Debería haber más ingenieros en todo el ámbito público. Este ámbito tiene también muchas satisfacciones.

entrevista Maria José Rallo
© Luis de las Alas

¿Cómo se imagina la movilidad en España en 25 años? 

Soy incapaz de pensar cómo será la movilidad en España en 25 años porque los cambios que se están produciendo son de mucho impacto. Me imagino una movilidad descarbonizada, muy cómoda desde el punto de vista digital. Por poner un ejemplo, que consigamos ir desde un pueblo de Extremadura a otro de Alemania con un golpe de click  comprando un único billete y usando una cadena intermodal.

Es razonable pensar que tendremos una España más descarbonizada, sostenible, eléctrica y con más transporte movido con hidrógeno.