La perspectiva del Colegio en relación con el tercer ciclo de planificación hidrológica

©Kate Joie

La actual revisión de los planes, que comprende el periodo 2022-2027, significa un cambio conceptual respecto a los anteriores ya que se tienen en cuenta los cambios producidos en relación con la gestión de las aguas, tales como procesos de transición ecológica, adaptación a los efectos del cambio climático y la obtención del buen estado de todas las aguas y de los ecosistemas acuáticos de dependen de ellas.

A la luz del contenido de estos planes, el Comité Técnico de Agua, Energía y Cambio Climático ha realizado una reflexión sobre las líneas en las que debería basarse la política de aguas para el próximo sexenio.

El cambio climático implica un aumento de las situaciones de estrés hídrico en cuanto a frecuencia e intensidad. Ello traerá consigo una menor disponibilidad, en cantidad, de los recursos hídricos, menor recarga de los acuíferos y mayor vulnerabilidad.

La importante alteración de los patrones temporales y espaciales de las lluvias, consecuencia del cambio climático, implica un incremento de los episodios de inundaciones, con crecidas más frecuentes y caudales máximos más elevados. El riesgo de inundaciones es una amenaza a la seguridad nacional, definida como tal en la Estrategia Española de Seguridad Nacional.

La gestión del riesgo de inundaciones debe hacerse atacando desde su raíz las causas que las provocan; es de gran importancia la reordenación de los territorios inundables y, en general, adoptar políticas de reordenación territorial.

Las sequías se repiten de forma cíclica, con periodos cada vez más breves y de mayor intensidad. Se dan causas antrópicas ligadas a la brecha, cada vez menor, entre recursos y usos. Las soluciones futuras que se adopten deberían atender tanto al incremento de las disponibilidades como a la reducción de los consumos. Sería deseable que las situaciones de sequía no se contemplaran a través de planes específicos, sino como escenarios de la propia planificación.

Las infraestructuras hidráulicas son obras para el interés público. Hay que mantener el patrimonio hidráulico, mejorar su eficiencia y funcionalidad, y dotarlo de una mayor capacidad de resiliencia remodelando, cuando sea necesario, sus características funcionales. Debe prestarse atención preferente al desarrollo de aquellas infraestructuras que más contribuyan a paliar los efectos del cambio climático, mejoren la seguridad hídrica, o faciliten la reversión de situaciones de sobreexplotación de los recursos. Deben potenciarse además programas de seguridad de las infraestructuras, y llevar a cabo, de manera sistemática, actuaciones de prevención de los efectos de los procesos erosivos en las cuencas de los embalses, así como de la potencial pérdida de capacidad de estos por efecto de los sedimentos.

Una adecuada política de agua necesita conocer la utilización real de los recursos asignados para cada uso y la forma con que estos se atienden cuando no son suficientes, asegurando el mantenimiento de espacios naturales y garantizando los usos económicos actuales y futuros. Hay que actuar en la mejora del conocimiento de los recursos disponibles, sobre todo en los casos de prevención del cambio climático.

Los Planes Hidrológicos de Demarcación

Los Planes Hidrológicos del tercer ciclo, para el periodo 2022-2027, son las herramientas clave que han de permitir un cambio en el enfoque de la gestión del agua, alineada con los principios y estrategias vinculados al Pacto Verde Europeo, comprometida con la imprescindible adaptación a los efectos ya evidentes del cambio climático, y que garantice la seguridad hídrica y el buen estado de las masas de agua y de los ecosistemas asociados.

La utilización de las aguas residuales depuradas como fuente alternativa de recursos está plenamente aceptada. En los últimos años se ha constatado una cierta desaceleración en el uso de las aguas residuales depuradas. De mantenerse esta tendencia se podría cuestionar la efectividad de algunas asignaciones y medidas propuestas en la planificación. La desalación es un proceso que permite generar recursos para atender las demandas no satisfechas. En aquellas cuencas con equilibrios más precarios hay que hacer una decidida apuesta por este tipo de recurso, teniendo en cuenta que presenta algunos límites económicos y funcionales.

Hay que mantener el patrimonio hidráulico, mejorar su eficiencia y funcionalidad, y dotarlo de una mayor capacidad de resiliencia

Una central hidroeléctrica.
Torre de toma de abastecimiento

Los caudales ecológicos son regímenes hidrológicos que deben de alcanzarse a fin de compatibilizar la consecución de los objetivos ambientales con las alteraciones hidrológicas motivadas por acciones humanas, que esencialmente son de naturaleza económica. Se trata de restricciones reales previas respecto al régimen hidrológico existente. Los caudales ecológicos se han asumido de manera pacífica a lo largo los sucesivos ciclos del proceso de planificación. No resulta fácil, ni probablemente operativo, establecer este régimen en más de las 5000 masas de agua catalogadas. Dejando de lado su complejidad, la normativa de la IPH no establece un procedimiento inequívoco para la definición de los valores del régimen de caudales ecológicos, lo cual da pie a un campo de controversias que debe ser evitado en su aplicación práctica. Especialmente en el caso de los caudales mínimos, es preciso plantear criterios de cálculo que, además de ser solventes desde el punto de vista hidromorfológico y ecológico, constituyan la base para un seguimiento adaptativo a las condiciones socioeconómicas y ambientales existentes.

La mejora de los abastecimientos debe basarse en cuatro grandes objetivos: asegurar la existencia de recursos suficientes para atender la demanda endógena en el medio y largo plazo; incrementar la garantía de suministro hasta los valores máximos posibles convencionalmente adoptados; mejorar la calidad de las aguas de suministro con nuevos aportes en origen y proteger las captaciones destinadas a este uso; y, por último, garantizar la sostenibilidad económica del servicio. En paralelo a ello, hay que avanzar en la constitución de entidades mancomunadas capaces a fin de optimizar los servicios.

El estado de los sistemas de saneamiento, a los que no se les ha dado la importancia debida, es preocupante. Debe darse un fuerte impulso a la construcción y el mantenimiento y operatividad de las redes, todo ello complementado con otro tipo de actuaciones.

La depuración de las aguas residuales debe ser una de las prioridades de la política de agua, a fin de evitar nuevas sanciones por incumplimiento de la Directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales. El resultado del grado de cumplimiento de las actuaciones planteadas en este sentido en anteriores ciclos es muy pobre, cercano al 25%. Con la construcción de las EDAR no es suficiente; es imprescindible establecer, simultáneamente, sistemas organizativos y fiscales que hagan posible las condiciones de operatividad óptima y sostenible de las instalaciones de este tipo.

Para garantizar la sostenibilidad del ciclo urbano del agua es necesaria la generalización de un sistema de tarifas sujetas a criterios comunes, sin que ello implique uniformidad. Este sistema debe ser capaz de generar los recursos necesarios para el mantenimiento en el tiempo de los servicios con la calidad adecuada, evitando el recurso sistemático a la financiación de las administraciones públicas.

La ampliación de superficie de regadío resulta difícil de sostener, sobre todo en un contexto de cambio climático. La principal medida por la que se apuesta es la modernización del regadío sobre la que pivotaría parte del incremento de disponibilidades que permitiría tener en cuenta, con una garantía adecuada, las demandas no atendidas de las zonas regables. La modernización representa un trade off entre los factores agua y energía que puede limitar la aplicación generalizada de estas medidas.

Las inversiones públicas en regadíos tienen sentido siempre que sirvan para mejorar la productividad de estos, pero también para reducir su impacto, lo que implica que la mayor parte del agua ahorrada debe mantenerse en el medio natural y ayudar al cumplimiento de los objetivos ambientales.

Las actuaciones de adaptación al cambio climático se superponen, prolongándolas, a las políticas continuistas llevadas a cabo en el sector en los últimos años. Sería deseable acometer un proceso de reconversión ordenada en el sector del regadío a fin de evitar que, en el futuro, se deban aplicar medidas con mayor impacto social y económico.

En la transición hacia un modelo energético basado en las energías renovables, es indispensable disponer de elementos que permitan la acumulación de energía eléctrica en grandes volúmenes. Las centrales hidráulicas reversibles son, sin duda, la opción más viable desde el punto de vista técnico y económico para hacer posible la integración efectiva y eficiente de las centrales eólicas y fotovoltaicas contempladas en la planificación eléctrica. Es preciso apoyar la ejecución de nuevas centrales reversibles y disponer los procedimientos administrativos para su entrada en servicio en el menor tiempo posible.

Una zona de regadío.
Planta depuradora de aguas residuales.
El agua es un bien público.

La contaminación difusa es el obstáculo más relevante que impide alcanzar el objetivo de buen estado, especialmente en las masas de agua subterránea y, de forma indirecta, en las superficiales.

Este problema resulta especialmente notable en las grandes zonas regables por lo que la armonización de los intereses económicos y medioambientales es fundamental en las medidas a adoptar, si bien con las que están en vigor en la actualidad no se constatan avances significativos. Se considera necesario emprender acciones reforzadas: coordinación institucional; regulación del control de la fertilización hasta los límites adecuados; diseño de una red para el control de nitratos en aguas superficiales y subterráneas; y ajuste de las zonas vulnerables aplicando criterios hidrológicos.

El papel de las comunidades autónomas resulta de especial importancia. Un instrumento clave para el control de la contaminación lo constituyen los códigos de buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, estos códigos han resultado ser instrumentos débiles para la consecución de objetivos, tanto por problemas de diseño, como por falta de control efectivo de sus resultados. Es preciso, por lo tanto, que sean revisados.

Existe una sobreasignación de derechos concesionales. Deben arbitrarse medidas para la ordenación de las asignaciones y para la regularización de los derechos de uso del agua: eliminación inmediata de los aprovechamientos ilegales, revisión de las concesiones existentes para adecuar sus derechos a las disponibilidades, y un control efectivo y completo de todas las extracciones.

En el caso de las aguas subterráneas, su uso intensivo y sin control adecuado ha provocado una importante disminución de sus niveles piezométricos; ello implica la afección a la descarga a los ríos y da origen al deterioro del estado químico de los acuíferos, que se suma a la contaminación por nitratos y otros productos fitosanitarios.

El reto de conseguir llevar a cabo una gestión sostenible de las aguas subterráneas exige realizar reformas legales en el régimen jurídico.

Existe un deterioro hidromorfológico que hay que restaurar teniendo como elemento base la circulación de los caudales. La mejora de las condiciones morfológicas y la restauración de las riberas implican medidas de ingeniería fluvial referidas a la recuperación de la morfología natural del cauce.

©Naja Bertolt Jensen

En relación con los aspectos económico-financieros falta una asignación correcta de responsabilidades de las diferentes administraciones. No hay compromisos firmes por parte de las administraciones autonómicas y locales. La responsabilidad del cumplimiento del programa de medidas solo se establece para aquellas actuaciones que son propias de la administración general del estado e implica que solo se compromete una inversión muy parcial respecto a las necesidades planificadas.

El actual régimen económico-financiero de la Ley de Aguas presenta graves limitaciones tanto para la financiación de actuaciones como para la recuperación de costes que hagan posible el logro de los objetivos ambientales. Resulta de todo punto necesaria una modificación urgente del marco legislativo existente para conseguir mayores porcentajes de autofinanciación.

El agua es un bien público. Para garantizar un diseño correcto de las políticas públicas asociadas al agua así como su implementación y desarrollo, resulta imprescindible disponer de una Administración pública del agua, con autoridad y capacidad suficientes para ejercer liderazgo y servir de punto de encuentro a los diversos agentes implicados en una gestión multisectorial. La existencia de Administraciones públicas del agua fuertes para lograr el cumplimiento de los objetivos se encuentra en la línea de la política europea del agua. El rol director de la administración pública en la política y en la gestión del agua robustece su papel como impulsor y coordinador de los procesos de gobernanza.

La administración pública debe atender al conjunto de requerimientos en la gestión, como son la información del estado de los recursos y de los usos, las actuaciones sobre el Dominio Público Hidráulico (DPH) y el medio asociado, la gestión técnica de las infraestructuras y, en general, el ejercicio pleno de las funciones soberanas atribuidas por la legislación, unos requerimientos cuyo cumplimiento no puede soslayarse o minimizarse. En los espacios de cooperación en la gestión del agua consideramos necesaria la presencia de las corporaciones profesionales con interés y competencia en estos temas.

El papel de los ingenieros de caminos, canales y puertos en la gestión Integrada de los recursos hídricos ha sido relevante, y su formación curricular puede potenciar su labor en la dirección de los equipos pluridisciplinares necesarios que exige la gestión del agua. Nuestra ejecutoria no se reduce al pasado, por muy brillante que este haya sido, sino que en la actualidad seguimos teniendo un papel importante en los temas referidos al agua y, habida cuenta nuestra cualificación profesional, queremos seguir teniéndolo en el futuro.

Nuestro currículo abarca desde la práctica totalidad del proyecto, construcción y gestión de las infraestructuras con acento en la sostenibilidad y la resiliencia; la ordenación de las explotaciones subterráneas que supere los problemas derivados de una gestión individualista; actuaciones de ordenación y protección del Dominio Público Hidráulico; trabajos de ingeniería fluvial y de corrección de cuencas; la depuración; la gestión de las sequías; la protección frente a las inundaciones; y la planificación hidrológica. La experiencia profesional en la gestión del agua constituye un acervo que debe ser tenido en cuenta.

En cualquier caso, queremos trasladar a todas las administraciones públicas implicadas, y a la sociedad en general, nuestra predisposición e interés en la colaboración institucional.