La Clave

Plan España Puede

Rehabilitación, regeneración y resiliencia urbana en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español

En este artículo se pretende reflexionar sobre los retos y condicionantes derivados de los procesos de rehabilitación, regeneración y resiliencia urbana (RRR en lo sucesivo), así como las posibilidades de intervención del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (Plan España Puede, en lo sucesivo), con particular atención a los cambios derivados de la COVID-19, los socioeconómicos previsibles, el tecnológico, la incidencia del calentamiento global/cambio climático y la evolución de la problemática energética sobre el transporte, la contaminación, el bienestar de los ciudadanos y la sostenibilidad ambiental urbana.

Palabras clave: Urbanismo, territorio, ciudades, cambio global, cambio climático, revolución tecnológica, energía.

This article aims to reflect on the challenges and conditioning factors derived from the processes of urban rehabilitation, regeneration and resilience (hereinafter RRR), as well as the scope for intervention of the Recovery, Transformation and Resilience Plan for Spain (hereinafter PlanEspañaPuede), with a particular stress on the aspects to be considered in this RRR, as a consequence of the change resulting from COVID-19, foreseeable socioeconomic changes, the technological change, the impact of global warming/climate change, and the evolution of the energy issue on transportation, pollution, citizen well-being, and urban environmental sustainability.

Keywords: Urbanism, territory, cities, global change, climate change, technological revolution, energy.

Antonio Serrano Rodríguez

Doctor ingeniero de caminos, economista y diplomado en Ordenación del Territorio.

Catedrático jubilado de Urbanística y Ordenación del Territorio.

©Santi Burgos

En octubre de 2017, el Colegio de Caminos editaba su número 3591 de la Revista de Obras Públicas con el título “Construyendo la ciudad del 2030”, donde se consideraban “los retos, políticas y perspectivas de futuro que atañen a los territorios y ciudades españolas, poniendo el acento, en particular, en los elementos que conciernen a la intervención de los ingenieros civiles en su desarrollo”.

Desde entonces, se han producido cambios en los enfoques sobre la ciudad, porque tendencias ya previstas en la dinámica urbana se han acelerado sustancialmente, tanto por los efectos derivados de las medidas adoptadas ante la pandemia de la COVID-19, como ante la constatación de una incidencia creciente de fenómenos meteorológicos extremos derivados del calentamiento global, con fuertes efectos previsibles sobre la salud y el bienestar urbano.

Las consecuencias asociadas a la pandemia han incidido de manera más significativa sobre las áreas vulnerables y desfavorecidas de las ciudades (1), remarcando los efectos negativos que ya había tenido sobre muchas de ellas la crisis financiero-especulativa global iniciada en 2008.

La Actualización 2020 de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE) (2) incluye un diagnóstico del sector, destacando la necesidad de ampliar el enfoque de las intervenciones urbanas desde la escala del edificio a la escala urbanística, enmarcando las actuaciones de rehabilitación en las de regeneración urbana y transformación de la ciudad, considerando, específicamente, las medidas necesarias de adaptación y resiliencia frente a las consecuencias derivadas del cambio climático sobre nuestras ciudades (3)

Los programas de rehabilitación integrada de centros históricos urbanos y rurales buscaban la conservación del tejido urbano y el mantenimiento de la población residente, actuando preponderantemente en los centros o barrios más sólidos, económica y urbanísticamente, pero con menor incidencia en las áreas más degradadas. Lograban una revalorización de edificios y viviendas, expulsando, en muchas ocasiones, a la población envejecida y de baja renta que habitaba en estas áreas, muchas veces en alquiler, distorsionando los delicados equilibrios sociales existentes en las mismas. 

En la actualidad, el acento de las intervenciones urbanas se pone en la eficiencia energética, con actuaciones que van desde el alumbrado público, hasta la promoción de la energía distribuida o district heating en sus distintas formas. 

Pero el protagonismo adquirido por la rehabilitación energética de edificios o barrios no debe hacer olvidar ni la necesidad de una visión conjunta e integrada, ni su obligada consideración en el seno del planeamiento urbano y territorial vigente, ni, mucho menos, la necesidad de evaluar correctamente todos los efectos derivados de las intervenciones propuestas sobre la ciudad y sus ciudadanos.

La disponibilidad de fondos para la rehabilitación urbana del Plan España Puede

Para combatir las consecuencias asociadas a la pandemia de la COVID-19, se han habilitado los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) (4) de la UE, asociados al Programa Next Generation EU (5), a través del Plan España Puede (6) para España, que permiten incidir en uno de los problemas —el financiero— que ha dificultado el adecuado desarrollo de las políticas de regeneración, transformación y resiliencia urbana en España.

El Plan España Puede consta de 10 políticas palanca que se desarrollan a través de 30 componentes, de las que las más directamente relevantes para este artículo son la 2.ª (Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana), con una inversión de 6.820 millones de euros (7), y, complementariamente, la 1.ª (Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos), con una inversión de 13.200 millones de euros (8); si bien prácticamente todos los componentes inciden en los objetivos de un proceso de RRR en línea con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española:

  1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. 
  2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. 
  3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia. 
  4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular. 
  5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. 
  6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad. 
  7. Impulsar y favorecer la economía urbana. 
  8. Garantizar el acceso a la vivienda. 
  9. Liderar y fomentar la innovación digital. 
  10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

El 2.º componente pretende adelantar el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) (9), en el marco de lo establecido en la citada Actualización 2020 de la ERESEE. La distribución prevista de la inversión es la que se recoge en el cuadro de arriba para el periodo 2020-2023.

Medidas para la transformación urbana en España

Los procesos de RRR financiables con el Plan España Puede deben situarse en el marco normativo y de planeamiento urbanístico y territorial vigente en las diversas comunidades autónomas españolas, lo que, en muchas ocasiones, requeriría la modificación de esa planificación para articular la intervención. Pero, aunque sería muy deseable una modificación de la planificación que enfocara el desarrollo a largo plazo (más allá del 2030), su viabilidad actual en el Estado español es nula en los plazos disponibles en el Plan España Puede: actuaciones acabadas antes del 26 de junio de 2026 (10).

En todo caso, las intervenciones de RRR financiables tendrán que considerar lo establecido en la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU) (11), y en las de la autonomía aplicable, así como los señalados PNIEC 2021-2030, y la Actualización 2020 de la ERESEE, o la regulación derivada de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) (12)

Al igual que deberán tener en cuenta las nuevas propuestas de la Comisión Europea, del Plan “Fit for 55” (13), donde se pretende, entre otros aspectos, la creación de un mercado propio de emisiones para los sectores residencial y del transporte, con la obligación de pagar por el CO2 que emitan, lo que permitirá incrementar el coste de las actividades y usos emisores, contribuyendo a su reducción y al logro de los objetivos más exigentes y obligatorios de mejora de la eficiencia energética para el 2030: en un 36-37 % para la energía final consumida, y en un 39-41 % para el consumo de energía primaria.

Para compensar la negativa influencia diferencial de estas políticas en el coste de la cesta de la compra de la clase media y baja, y en la población en riesgo de pobreza (cada vez más numerosa e insatisfecha tras los efectos de la crisis de 2008 y de las medidas para combatir la COVID-19), la CE prevé la creación de un fondo social de 72.000 millones de euros para el periodo 2025-2032. 

Encuadre de las líneas recomendables de intervención para una actuación municipal integrada

Abordar y buscar una solución integrada al conjunto de problemas presentes en un barrio exigiría: 

  1. Un plan o estrategia integral y participativa, con todas las actuaciones recomendables que hayan sido concertadas con los agentes sociales y residentes afectados.
  2. Un plan especial de reforma interior (PERI) para la materialización de las actuaciones propiamente físicas.
  3. Acciones específicas socioeconómicas, energéticas y ambientales de desarrollo del plan estratégico, con su correspondiente programación y financiación.

Puede partirse de los proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española —dotados en el componente 2.º del Plan España Puede—, o utilizar los contenidos de las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI) —gestionadas desde el Ministerio de Hacienda con la aplicación de los Fondos Europeos de Cohesión— que, en los casos en los que se aplican correctamente, están siendo un buen mecanismo integrado de intervención, en línea con el objetivo de la UE de reforzar el papel de las ciudades como motores de la economía, buscando un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, tal y como establecía la Estrategia Europa 2020 (14).

Una visión integrada exige considerar las interrelaciones entre todas las líneas de intervención, aprovechando las sinergias derivadas de la materialización conjunta de las mismas, aunque el objetivo principal sea incidir en la eficiencia energética del parque residencial. 

Y no hay que olvidar que los beneficiarios de los fondos (empresas constructoras, energéticas y financieras que se asocien, pero en ningún caso propietarios o inquilinos) son quienes asumen la responsabilidad de la ejecución integral del área delimitada por la actuación, siendo las que deben tramitar los proyectos en bloque, incluyendo la planificación, la obra y la gestión de las ayudas, potenciando una gestión ágil de las actuaciones, si bien siempre sobre la base de unos objetivos socialmente participados y consensuados, y con un seguimiento y control público de todo el proceso, dadas las importantes aportaciones de recursos públicos previstos.

En todo caso, la intervención urbana debe basarse en una planificación creíble que aporte seguridad a las inversiones privadas, imprescindibles en los sectores fundamentales que se contemplan para cumplir con los objetivos previstos, pero evitando que se prime exclusivamente el beneficio económico y el incremento de los valores inmobiliarios, teniendo en cuenta los efectos sociales a corto o medio plazo (posibles desalojos, exclusión de los estratos de población más modestos o de las actividades menos competitivas) y las consecuencias que, en su caso, puedan derivarse sobre el barrio o sobre la dinámica de la ciudad en su conjunto a más largo plazo.

©Lucía Moreno Diz–Miguel Sánchez Moñita

Intervenciones sobre la urbanización y la edificación

Las intervenciones a desarrollar deben promover un modelo urbano compacto, potenciando la multifuncionalidad, la diversidad y complejidad, con servicios públicos de calidad a costes abordables por los residentes, con accesibilidad a pie a los equipamientos básicos (educación, sanidad, cultura, etc.), que sea respetuoso con su entorno y esté bien diseñado. Además debe ser coherente con el resto de objetivos: poco consumidor de suelo, agua, energía y otros recursos, poco productor de residuos, y que dé clara prioridad a la implicación de los ciudadanos en su diseño.

Debe actuarse prioritariamente sobre las zonas caracterizadas por un parque de viviendas envejecido y en un porcentaje elevado en malas condiciones e ineficiente energéticamente (15), en ocasiones sin dotación de ascensores, que albergan a una población también envejecida, con necesidad de atención de servicios sociales, con un riesgo de pobreza elevado y con dificultades de acceso a sus viviendas, con una urbanización inadecuada, con carencia de espacios públicos dotacionales y zonas verdes, con una elevada proporción de calles de anchura inferior a los 10 metros, con aceras estrechas, carencia de aparcamientos y con una actividad comercial debilitada y golpeada por efecto de las crisis del 2008 y de la pandemia.

La intervención debería corregir, en la medida de lo posible, esas problemáticas, promoviendo una arquitectura, viviendas y diseño urbano con criterios bioclimáticos que avancen hacia elementos de cero carbono, opten por una compactación que permita disponer de espacios para construcción y rehabilitación de parques, espacios para aumentar la biodiversidad urbana (huertos urbanos, integración urbana de infraestructuras/corredores verdes, caminos naturales y vías verdes), peatonalización y ensanchamiento de aceras, carriles bici, o la renovación del alumbrado exterior más eficiente energéticamente, y actuaciones de producción y autoconsumo renovable local de ámbito superior al edificio.

Residencia, equipamientos y dotaciones de barrio deben ser accesibles a pie, y deben potenciarse las viviendas en alquiler, por definición más flexibles en cuanto a una localización de las familias lo más cerca posible de los centros de trabajo o acceso a dotaciones y servicios públicos, reduciendo así los desplazamientos y su correspondiente coste energético y contaminación.

Intervenciones para la regeneración socioeconómica, la sostenibilidad energética y ambiental y la cohesión social

La rehabilitación urbana de barrios tiene que ir unida también a la productiva y, si es posible, a propiciar una nueva “reindustrialización verde” (cero carbono) en el mismo, apostando por promover actividades vinculadas al conocimiento, a las nuevas tecnologías o a los “proconsumidores” con energías renovables, que avancen en la descarbonización y desmaterialización de la ciudad y de su sistema productivo, reduciendo el consumo de energía, agua, materiales y alimentos, minimizando los residuos y la contaminación, favoreciendo formas de vida más sobrias y menos despilfarradoras y dañinas, así como procesos cerrados circulares (recursos – residuos – recursos). 

Lo óptimo son intervenciones que permitan avanzar hacia ámbitos urbanos que sean energéticamente autosuficientes en su funcionamiento cotidiano (que generen, al menos, tanta energía renovable como la que consumen), apostando por el papel de las renovables y del autoconsumo, aprovechando las nuevas tecnologías para viabilizar sistemas de energía distribuida en el marco local, con la promoción de comunidades locales energéticas renovables. 

Por otro lado, el confinamiento asociado a la COVID-19 ha potenciado el auge de actividades “a distancia” (teletrabajo, telecomercio, teleocio, telesalud, etc.), afectando negativamente al mercado de oficinas, negocios y locales comerciales, provocando el cierre de muchos de ellos y acelerando el proceso que ya venía registrándose paulatinamente desde la instalación de centros comerciales y grandes supermercados periurbanos, lo que ha tenido un fuerte efecto sobre el comercio y la actividad productiva de algunos barrios, con difícil supervivencia para las actividades más frágiles y menos competitivas.

La Clave

Las intervenciones urbanas

En la actualidad, el acento de las intervenciones urbanas se pone en la eficiencia energética, con actuaciones que van desde el alumbrado público, hasta la promoción de la energía distribuida o district heating en sus distintas formas.

Por ello, también debe promoverse el mantenimiento o creación de actividades “carbón cero”, aprovechando los recursos para la transición digital del Plan España Puede, usando las potencialidades disruptivas de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), tanto en el campo productivo (economía verde y sector energético local) como en la mejora de la eficiencia en la gestión de los servicios urbanos y del transporte, promoviendo y facilitando nuevas formas de participación ciudadana, mejorando la calidad ambiental y, en síntesis, contribuyendo a mejorar el bienestar ciudadano que haga atractiva la instalación de actividades productivas en el barrio.

 

Intervenciones sobre la calidad ambiental urbana y la protección de la salud de sus ciudadanos. Movilidad sostenible

La calidad ambiental urbana, con la reducción de la contaminación, debe ser tratada como un grave problema de salud pública, dada su clara incidencia sobre la mortalidad urbana (16) y los riesgos de incremento de esta mortalidad como consecuencia, cada vez más fuerte, de los efectos del cambio climático.

Por otra parte, la pandemia ha mostrado la necesidad de espacios abiertos públicos, accesibles y seguros, por lo que muchas ciudades han potenciado cambios en la movilidad, con la instalación de carriles bici protegidos y la peatonalización de parte de su viario, fundamentalmente en las zonas centrales de la ciudad, valorando la importancia para la salud de una infraestructura para el transporte individual activo en las ciudades (17)

Pero también son muchas las ciudades que han priorizado la infraestructura para los automóviles, rechazando o minusvalorando las estrategias para desincentivar su uso, por la fuerte oposición política y de los lobbies del automóvil a este tipo de medidas. Ello ha favorecido un retorno al uso de vehículos privados (con el auge de compras de vehículos de segunda mano, no precisamente eficientes en términos energéticos), que dotan al usuario de seguridad ante el contagio frente a los sistemas de transporte público, cuya utilización ha quedado relegada para los que no tenían alternativa en sus desplazamientos obligados. 

Avanzar hacia una movilidad urbana descarbonizada exige tres grandes grupos de actuaciones, adicionales a las fiscales propuestas por el Plan “Fit to 55” citado y en estudio en el caso español. 

Las primeras son de índole urbanística y de ordenación del territorio, promoviendo usos del suelo y localización de actividades productivas, servicios y equipamientos que minimicen la movilidad obligada por cercanía entre residencia, trabajo, equipamientos, etc., en línea con el tipo de modelo urbano a promover en la rehabilitación de barrios antes definido (18).

Las segundas, de accesibilidad en el conjunto de la ciudad, con un servicio cómodo, rápido y económico de transporte público no contaminante, conectado con el barrio; facilitando el car sharing eléctrico, con el cumplimiento de la nueva normativa de circulación en vigor (19); y facilitando la utilización de la bicicleta y andar por vías públicas, con circulación de vehículos motorizados contaminantes restringida y estableciendo políticas disuasorias de aparcamiento en las zonas previamente dotadas de buen transporte público y buena accesibilidad, con el acuerdo de residentes y comerciantes. 

Y las terceras, de incidencia sobre la demanda de movilidad en vehículos privados que usen combustibles fósiles, limitando el espacio para el desplazamiento de los mismos y su aparcamiento, una vez la oferta de transportes públicos y alternativos no contaminantes sea de calidad y competitiva económicamente y en tiempo de desplazamiento, siendo fundamental que, para el transporte urbano de mercancías del último kilómetro, se potencie el transporte de alta eficiencia alimentado por energías renovables.

La LCCTE regula aspectos básicos en el capítulo de la movilidad a tener en cuenta en las intervenciones a desarrollar, optando, en primer lugar, por su electrificación y ausencia de emisiones (vehículo eléctrico, puntos de recarga de coches eléctricos) y, en su título IV, obliga a que los municipios de más de 50.000 habitantes introduzcan en la planificación urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad (creación de zonas de bajas emisiones, fomento del uso de modos de transporte activos, como caminar y la bicicleta, mejora y promoción del transporte público urbano, incluido el ferrocarril), con el objetivo de minimizar la contaminación atmosférica. 

Hay que señalar que las previsiones de intervención recogidas en el actual Plan España Puede y en las normas vigentes señaladas permitirían una reducción de emisiones y de la contaminación para el 2040, según el último informe del MITERD (2021) (20), que duplicarían las correspondientes a los gases de efecto invernadero, y sobre tres de los cinco principales contaminantes atmosféricos: óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) y óxidos de azufre (SOx).

Por último, es importante señalar que la LCCTE incorpora el “principio de no regresión” que obliga a que “la normativa, la actividad de las Administraciones públicas y la práctica jurisdiccional no pueden implicar una rebaja o un retroceso cuantitativo ni cualitativo respecto de los niveles de protección ambiental existentes en cada momento, salvo situaciones plenamente justificadas basadas en razones de interés público, y una vez realizado un juicio de ponderación entre los diferentes bienes jurídicos que pudieran entrar en contradicción con el ambiental”. Lo que representa una garantía ambiental para la población y tiene amplias repercusiones sobre las potenciales normativas ambientales de las comunidades autónomas con competencias en la materia, que solo pueden establecer niveles de protección más altos que los establecidos en la legislación básica estatal.

Incremento de la resiliencia urbana ante riesgos y catástrofes

En varios números de esta revista (21) se ha hecho referencia a los retos que significan para España los escenarios derivados del calentamiento global, que está incrementando la frecuencia e incidencia de fenómenos climáticos extremos, con efectos progresivamente más graves, según se va recogiendo en los sucesivos informes científicos que se van publicando (22), donde también se destaca la urgente necesidad de que, desde las administraciones —y particularmente en el ámbito local— se establezcan medidas de adaptación y resiliencia social ante los riesgos previsibles, ya difícilmente evitables, para la próxima década.

Uno de los efectos más importantes de los escenarios climáticos previsibles es la mayor frecuencia de fenómenos extremos en precipitaciones (gotas frías o DANA), temporales marítimos, sequías u olas de calor, que deterioran —cuando no las destruyen, con la necesidad de su reposición— la urbanización y dotaciones urbanas, con graves efectos añadidos sobre la salud y bienestar de sus ciudadanos. 

Burkart, K.C. et al. (2021) (23) han evaluado las muertes atribuibles a la temperatura, desde 1980 a 2016, indicando que el calor y el frío extremos están asociados con 17 causas de muerte y estimando que, en 2019, han producido 1,7 millones de muertes en todo el mundo (con un intervalo de probabilidad del 95 %, entre 1,5 a 1,8 millones), de las cuales un 21 % se relacionaron con golpes de calor, mostrando la importancia de la temperatura como un factor de riesgo para la salud global (24).

Desde el punto de vista de las actuaciones necesarias para paliar estos efectos sobre la salud de la población, aparece, en primer lugar, la necesidad de considerar, en las nuevas intervenciones de regeneración urbana, la disposición de refugios climáticos públicos urbanos específicos que permitan la protección de las personas más vulnerables (con atención al alto número de mayores de 85 años ya existentes en nuestras ciudades) ante las olas de frío y de calor extremo (25), sobre todo en aquellos barrios o áreas desfavorecidas o vulnerables en los que las viviendas de los residentes no cuenten con las condiciones adecuadas para protegerse ante olas de calor o frío extremo. 

Por otro lado, todas las intervenciones contempladas en los epígrafes anteriores deberán considerar su adecuación a estos riesgos crecientes y, muy en particular, la adecuación del viario y del saneamiento y canalización de aguas (y en su caso, tanques de tormenta) a temporales extremos puntuales que eviten inundaciones locales de efectos dañinos para la población o su patrimonio, sin olvidar la conveniencia de medidas naturales de defensa contra inundaciones, como la previsión de áreas inundables aguas arriba de las ciudades.

Estas áreas, junto a los jardines, los parques públicos urbanos y las superficies de agua (incorporando puntos de hidratación, espacios de sombra y vegetación), que son cruciales para el confort climático en las ciudades ante fenómenos extremos, deben integrarse en corredores ecológicos (infraestructuras verdes) que faciliten el confort climático y la reducción de la exposición a la contaminación del aire, absorción de carbono, reducción del ruido y mejora de la salud por alivio del estrés y por facilitar una mayor actividad física e interacción social.

La propia LCCTE, en su artículo 21, hace referencia a la necesidad de considerar el cambio climático en las intervenciones en el medio urbano, en la edificación y en las infraestructuras del transporte. Aunque su disposición transitoria tercera establece que dicha consideración no será de aplicación a los planes, programas y estudios cuya tramitación ya se hubiese completado en el momento de entrada en vigor de la LCCTE, y que solo serán de aplicación a las modificaciones posteriores de dichos documentos.

En todo caso, las intervenciones que se desarrollen en la rehabilitación de barrios deben incrementar la resiliencia ante fenómenos que afecten a la salud, al bienestar, o ante el riesgo de desastres cuyo número se espera se vea incrementado por el cambio climático, facilitando actuaciones de adaptación y resiliencia tanto frente a los procesos asociados a posibles pandemias como a los riesgos derivados del calentamiento global, o a los previsibles retos socioeconómicos de la próxima década.

Referencias

1

Sobre estas puede verse el artículo de Ruá, M.J. et al. (2018) “A simplified model to assess vulnerable areas for urban regeneration” (https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101440); para la situación en España, los trabajos de Hernández Aja et al. (2015), “Atlas de Barrios Vulnerables en España”, recogidos en el Catálogo de Barrios Vulnerables del actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana/analisis-urbanistico-de-barrios-vulnerables/catalogos_bv). 



10

La “modificación del planeamiento” entraña una tramitación que dura años y exige un difícil acuerdo político, o una estabilidad política de más de una legislatura para su aprobación.

14

El artículo de Dolores Ortiz, “Modelos de desarrollo de las estrategias de desarrollo urbano sostenible integradas (EDUSI)”, recogido en el citado número 3591 de la Revista de Obras Públicas (ROP), realiza una introducción a las EDUSI y su funcionamiento.

15

Para mayor detalle puede verse el “Informe sobre la descarbonización de la edificación” del Green Building Council España (GBCe). https://gbce.es/wp-content/uploads/2020/11/Informe-La-descarbonizacio%CC%81n-de-la-edificacio%CC%81n.pdf

16

El último “Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)”, presentado en Nairobi en febrero de 2021 (https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-es.pdf), señala que las enfermedades causadas por la contaminación matan cada año a unos 9 millones de personas.

17

Son múltiples los beneficios de los desplazamientos a pie y en bicicleta sobre la salud, como recogen Jáuregui, A., et al. (2021) en “Scaling up urban infrastructure for physical activity in the COVID-19 pandemic and beyond”. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2901599-3 Pág. 372.

18

Las antiguas supermanzanas, al estilo de la existentes en el barrio del Pilar, en Madrid, o las que se están promoviendo en distintas ciudades (con el ejemplo paradigmático de Barcelona), son una buena solución a considerar específicamente en cada actuación de barrio.

19

Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, en materia de medidas urbanas de tráfico https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13969

20

MITERD (2021). “Proyecciones de emisiones a la atmósfera edición 2021. Resumen de resultados”. Madrid, marzo de 2021. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/210315-informeproyecciones-2021_tcm30-523951.pdf

21

ROP n.º 3574, n.º 3576 y n.º 3587, entre otros.

22

El 6.º informe del grupo de trabajo 1 del IPCC, presentado el 9 de agosto de 2021, ratifica tanto las indudables causas antropogénicas del calentamiento como que las consecuencias ya registradas en la producción de temperaturas, precipitaciones o sequías extremas están superando, negativamente, los efectos contemplaos en su anterior 5.º informe. IPCC (2021). “Summary for Policymakers”. En: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf

23

Burkart, K.C. et al. (2021). “Estimating the cause-specific relative risks of non-optimal temperature on daily mortality: a two-part modelling approach applied to the Global Burden of Disease Study”. The Lancet Vol.398. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01700-1/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

24

En España destaca la importancia de las muertes por frío sobre las muertes por calor en el citado periodo analizado, de 1980 a 2016.

25

Junto a la disposición de estaciones de metro o albergues utilizados hasta la actualidad de forma puntual, se necesita establecer nuevos refugios, habilitando espacios públicos con condiciones adecuadas. En ese sentido, el Ayuntamiento de Barcelona está habilitando un entramado de refugios climáticos repartidos por toda la ciudad, de manera que todos los vecinos tengan, a una distancia máxima de 10 minutos, espacios y refugios donde la población pueda refrescarse y ser atendidos ante posibles golpes de calor u olas de frío.