La Clave

La problemática relación de la energía eólica y el paisaje

En España, la energía eólica cuenta con una potencia instalada de 27,4 GW, siendo de hecho la principal tecnología de generación renovable distribuida. Su contribución a la descarbonización es importante: durante el año pasado produjo algo más de 54.000 GWh de energía, el 22 % del total de la electricidad. De su valor y necesidad nadie duda. Pero la eólica no está libre de efectos colaterales indeseables. Uno de ellos, el más evidente, es su afección visual al medio, un efecto perturbador sobre el paisaje que llega a alcanzar kilómetros de distancia en las zonas de influencia de los emplazamientos. La sociedad empieza a ser consciente de estos problemas, que pueden magnificarse en los próximos años como consecuencia de la creciente expansión de los parques eólicos por el territorio.

Palabras clave: Paisaje, medio natural, cultura, territorio, energía eólica.

In Spain, wind energy has an installed power of 27.4 GW, making it the main distributed renewable generation technology. Its contribution to decarbonisation is relevant: last year it produced just over 54 000 GWh of energy, 22 % of total electricity output. There is no doubt of its value and necessity. But wind power is not free of undesirable side effects. One of them, the most obvious, is its visual impact on the environment, a disturbing effect on the landscape that reaches up to kilometres away in the influence areas of the sites. Society is becoming aware of these problems, which may be magnified in the coming years as a result of the increasing growth of wind farms across the country.

Keywords: Landscape, natural environment, culture, country, wind energy.

César Lanza Suárez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

©Santi Burgos

La energía eólica en España está bien a la vista. Nuestro país cuenta con un parque muy bien dotado de generación, que corresponde en su práctica totalidad a instalaciones terrestres o, como se conoce en el sector, eólica onshore. A final del año 2020 la potencia eólica en funcionamiento dentro de nuestro país superaba los 27.400 MW, que corresponden aproximadamente a 21.500 aerogeneradores distribuidos en zonas con alta disponibilidad del recurso, normalmente sierras costeras, áreas de media montaña, llanuras y parameras de interior. El número de parques eólicos actualmente en funcionamiento se acerca a 1.300, con una distribución espacial que se concentra en regiones y lugares con velocidades de viento nunca inferiores a 5 m/s –cuanto mayor, mejor, pues la energía producida es proporcional al cubo de esa variable– y un número de horas útiles equivalentes de funcionamiento preferiblemente por encima de 2.000 al año. Es decir, fortaleza, abundancia y regularidad del recurso, más la facilidad de evacuar la energía a la red de transporte, son las condiciones buscadas por los promotores.

La geografía de los emplazamientos eólicos se extiende por casi todas las regiones españolas, con una excepción singular, que es la Comunidad de Madrid. La ubicuidad de la eólica salta a la vista de cualquier viajero que haga un recorrido de media o larga distancia, pues la propia elevación de los equipos (típicamente de 140 a 250 metros desde su base, contando altura de buje y rotor), el área de barrido de las palas (entre 13.000 y 23.000 m2), su característico color blanco y la localización en espacios abiertos, siguiendo líneas de cumbre o amplias zonas llanas, hace que los parques eólicos se encuentren muy expuestos visualmente. Los grupos de aerogeneradores de cada instalación se pueden distinguir con nitidez a distancia de varios kilómetros –en ocasiones decenas– de sus emplazamientos, incluso por la noche, debido a la luz de las

balizas. Los parques eólicos se hallan dispersos por el territorio, a diferencia de las plantas convencionales de generación de electricidad, térmicas o hidráulicas y, como se mencionaba anteriormente, los aerogeneradores onshore de mayor tamaño (actualmente en el rango de 5 MW de potencia) pueden superar un tamaño vertical de 250 metros sobre el nivel de cimentación. Por aportar un dato que sirva de comparación dimensional: la altura media de los edificios conocidos como las Cuatro Torres en el Paseo de la Castellana de Madrid es de 240 metros similar al de una estas gigantescas máquinas.

España, en comparación con los grandes países de nuestro entorno, ocupa una posición destacada en la implantación de la energía eólica terrestre. Utilizando como indicador de referencia el número de MW instalados por millón de habitantes, nuestro país ocupa el segundo lugar (584,7) tras Alemania (654,3) y muy por delante de Francia (242,4), Reino Unido (205,8) e Italia (178,2). La Tabla Intensidad eólica por países recoge los valores de este indicador en cada uno de los cinco países. Hay que tener en cuenta que Reino Unido y Francia, también más recientemente Alemania, enfocan una parte creciente de sus nuevos desarrollos eólicos a la modalidad offshore, es decir, hacia la energía eólica marina, que no ejerce un impacto tan directo ni omnipresente sobre el territorio como la onshore. La creciente contestación ciudadana en Alemania, país pionero 

en energías renovables dentro de Europa como consecuencia de su Energiewende (transición energética, iniciada en 1990) y actualmente la nación del continente con mayor potencia instalada de esta tecnología renovable, está haciendo virar en aquella parte de Europa el curso de la energía eólica hacia el mar del Norte, cuya batimetría resulta favorable a estos efectos.

La concentración de los parques eólicos en España es bastante dispar, aunque se encuentren repartidos por casi todo el país. La Tabla CC. AA. con mayor intensidad eólica recoge, en orden de importancia, las comunidades autónomas de mayor grado de saturación eólica según dos indicadores: el número de MW instalados por unidad de superficie territorial (densidad de potencia, MW/km2) y la producción anual, también por unidad de superficie (densidad de producción, GWh/km2). En ambas variables ocupa la primera posición Galicia (valores de 0,129 y 0,338 respectivamente), seguida de Navarra (0,125 y 0,229) y Aragón (0,087 y 0,153). Descendiendo en la escala geográfica a nivel provincial, la Tabla Provincias de España con mayor intensidad eólica. muestra esa misma información, pudiendo verse cómo las provincias de A Coruña y Lugo son actualmente, dentro de España, las de mayor intensidad eólica, seguidas por las de Burgos, Albacete y Zaragoza.

Fuente: elaboración propia

La energía eólica es, a fecha de hoy, la principal tecnología de generación renovable distribuida, con diferencia sobre la solar fotovoltaica, también extendida por el territorio, aunque de menor orden magnitud. En España, la potencia eólica instalada (27,4 GW) supera ya a la de las centrales de gas natural (26,3 GW) y a la hidráulica (17,1 GW), las dos tecnologías que más se le aproximan. Es decir, la eólica es la tecnología de generación con mayor potencia entre todas las que se emplean en nuestro país. Su contribución a la descarbonización del sistema eléctrico es de primera importancia, pues durante el año pasado el viento produjo algo más de 54.000 GWhde energía, el 22% del total de la electricidad consumida en España (aportación que se quedó en segundo lugar, pero muy próxima a la de la generación nuclear). Su valor y necesidad están por tanto fuera de duda.

Pero no por ello se encuentra la eólica libre de efectos colaterales indeseables. Uno de ellos, el más evidente, es su afección visual al medio, es decir, su efecto perturbador sobre el paisaje en las zonas de influencia de los emplazamientos, que, como se ha indicado, llegan a alcanzar varios kilómetros de distancia. La sociedad empieza a ser consciente de estos problemas, que pueden magnificarse en los próximos años como consecuencia de la expansión de las energías renovables distribuidas, si los planes energéticos en curso se llevan a término según las previsiones anunciadas. En efecto, el PNIEC 2021-2030 (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), recientemente aprobado en su versión final y por tanto vigente a los efectos oportunos, señala como objetivo para la energía eólica que esta alcance una potencia instalada en España de 50 GW a finales de esta década. Es decir, casi doblando en ese tiempo la magnitud de todos los parques construidos hasta la fecha, proceso que, con altibajos y ritmos diferentes, pero de forma sostenida, se viene produciendo desde hace un cuarto de siglo. Si ese crecimiento previsto se repartiese linealmente, ello significaría la instalación anual de 2,2 GW de potencia eólica entre 2021 y 2030, lo cual equivaldría a situar varios centenares de aerogeneradores nuevos sobre el territorio cada año.

La conversión de enclaves naturales en solares de uso industrial energético puede llegar a producir un territorio de espacios desnaturalizados e instrumentales, con la pérdida del paisaje, y esta posibilidad obliga a hacer frente a un problema difícil pero real. En beneficio de la propia transición ecológica y de la sostenibilidad del medio haría falta un debate interdisciplinar y conclusivo que arrojase luz y propiciase un equilibrio satisfactorio sobre este dilema nada trivial, fruto de la complicada coexistencia de dos bienes necesarios: las energías renovables y el paisaje. En vista de lo anterior, parece que el dilema desarrollo vs. preservación de la naturaleza está nuevamente servido, aunque esta vez de manera inédita para lo que suele ser costumbre en España. No se trata en esta ocasión de oponerse a la construcción de una presa o al trazado de una nueva carretera, sino al despliegue disperso pero intensivo de las –por otra parte necesarias– energías renovables, cuando se hace sin criterios que respeten determinados valores consustanciales a los lugares de emplazamiento. Con ello entramos de lleno en otras dos arduas cuestiones: el valor del paisaje y lo que los ingenieros pensamos sobre los efectos de la acción antrópica en el medio natural y cómo atemperarla.

El paisaje natural es un bien público de primera importancia, con un valor difícilmente cuantificable y, como nadie ignora, se encuentra expuesto a las consecuencias de la acción humana. También es sabido que la sociedad no siempre actúa sobre el medio natural en el sentido que reclamaba el distinguido ambientalista norteamericano Aldo Leopold (1), procurando «preservar su belleza, integridad y estabilidad», objetivos de lo que él reveladoramente denominaba land ethic.

El paisaje atesora su valor en ejes dispares y sobre los cuales no siempre se dispone de una métrica eficiente, de ahí la dificultad de construir un argumentario robusto en su defensa que pueda confrontar el señuelo de la creación de valor económico en su contra. Este último es el fundamento que se asocia –en positivo– a los perjuicios en ocasiones no subsanables que la acción humana causa al medio, presentados como inexorable precio a pagar por el progreso. El paisaje tiene un valor estético propio (tradicionalmente lo bello, lo sublime y lo pintoresco forman parte del paradigma al uso2), separado del que tienen las obras de arte, pero también refleja valores éticos de la sociedad que lo cuida. Es un bien individual puesto en valor a través del gozo personal de la contemplación y el disfrute, pero posee un valor patrimonial colectivo como objeto de significación cultural y motor de actividades económicas. El paisaje comprende valores positivos, deducibles de las ramas de las ciencias naturales y de las leyes de la percepción, pero también lo pueden adornar otra clase de virtudes, como son las históricas, culturales o patrimoniales, menos tangibles que las científicas.

A thing of beauty is a joy for ever

John Keats

©Kervin Edward Lara

La protección del paisaje

Desde el punto de vista jurídico-administrativo, la protección del paisaje en España se deriva de la incorporación a la regulación autóctona del Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000), ratificado por nuestro país en el año 2007. En general, el paisaje se encuentra presente, explícita o implícitamente, en la normativa de protección de los espacios naturales y del patrimonio cultural, del urbanismo y de la ordenación del territorio, aparte de su inclusión en algunos aspectos específicos de la legislación sectorial. Dada la adscripción al territorio que se le otorga al paisaje, se entiende que el tratamiento de su tutela efectiva corresponde predominantemente a las comunidades autónomas, que se han dotado de sus propias normas en desarrollo de la legislación de base de ámbito estatal.

En la mayoría de los casos, la normativa autonómica sobre paisajes se refiere a aquellos que poseen un significado valor natural y/o cultural, recayendo o distribuyéndose este tema en la normativa urbanística, de ordenación territorial o de protección ambiental según el caso. Aparte de la existencia de normas apropiadas, la protección pública del paisaje requiere actos administrativos (declaraciones, autorizaciones o denegaciones). Es cierto que en buena parte de las leyes autonómicas se regula la figura especial del «paisaje protegido», pero esta categoría se suele reservar a lugares caracterizados por la excepcionalidad singular de su valor. La pregunta que surge es: ¿quién y cómo protege el «paisaje normal», el del día a día y los lugares corrientes que habitamos y por los que nos movemos? La declaración de paisaje protegido afecta en España al 2 % de la superficie de los espacios naturales protegidos3 que define la Ley 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad, que a su vez suman el 12,8 % de la superficie de nuestro país. Es decir, la protección efectiva del paisaje por esta vía equivale, en orden de magnitud, a la milésima parte del territorio nacional.

En todo caso, y cualquiera que sea la norma aplicable, la protección del paisaje por la vía jurídico-administrativa requiere una declaración de voluntad por parte del organismo competente, lo cual conlleva una inevitable dosis de discrecionalidad. En primer lugar, debido a la dificultad para adoptar criterios homogéneos y operativos aplicables al juicio del valor paisajístico de un enclave particular. Los atributos a que refiere la normativa son ambiguos e imprecisos («carácter», «interés», «calidad», etc.) y simplemente se enuncian, sin explicarse cómo se puede medir o determinar el grado que alcanzarían en un caso concreto. El Atlas de los Paisajes de España (4), catálogo ministerial que establece agrupaciones morfológicas a distinto nivel (unidades, tipos y asociaciones), no proporciona pautas de valoración del paisaje ciñéndose a lo lexicográfico, la cartografía y la descripción verbal de las categorías establecidas. En el lado opuesto, sin embargo, se puede estimar con relativa facilidad el beneficio económico de las actividades en conflicto potencial con el paisaje en términos contantes y sonantes, y lo mismo puede decirse de otros efectos ambientalmente positivos, como la supresión de emisiones en el caso de las energías renovables y el empleo. A lo objetivo-cuantificable se le reconoce valor argumental en los pleitos, mientras que lo inconcreto y la indeterminación jurídica carecen normalmente de firmeza a estos efectos.

Otra dificultad añadida sería la conceptualización del paisaje como un hecho dinámico, proceso o fenómeno sometido a la variable tiempo, pues resulta evidente que la impronta material de la actuación humana y la propia acción endógena de la naturaleza cambian su imagen. De igual modo varía temporalmente la percepción de quienes lo ven, ya que no solo las personas se van, vienen o desaparecen, también el sustrato cultural, los valores sociales, la mentalidad y los gustos en boga evolucionan con el tiempo. Ambos hechos han de tenerse en cuenta, ya que el paisaje se forma conjuntamente por la naturaleza y el hombre y ambos cambian. Lo que hoy pensamos que vale, mañana podría valer menos, tener un valor diferente o simplemente no valer. Su mutabilidad, en el sentido amplio del cambio natural y humano que le afecta, es otro inconveniente a la hora de establecer una protección jurídica sustantiva y no tentativa sobre el paisaje.

La dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un deterioro ético y cultural, que acompaña al deterioro ecológico

Carta encíclica Laudato si’ , papa Francisco

La visibilidad de los cambios en el paisaje y su pérdida de calidad como consecuencia del desarrollo masivo de la energía eólica movieron a la Comisión de la Unión Europea a financiar en el año 2017 una acción COST (European Cooperation in Science and Technology) para que el estudio de este problema se abordase de manera conjunta por parte de una red de científicos y expertos de diversos países. Los resultados de esta acción COST, bajo el código TU1401 y el membrete Renewable Energy and Landscape Quality, se editaron en forma de libro (5), en el cual se compendia sucintamente el estado de la cuestión en 33 países, comprendiendo los que entonces pertenecían a la Unión Europea (entre ellos, claro está, España), más los estados balcánicos, Islandia, Israel, Noruega, Suiza y Turquía. Aparte de ello, esta interesante publicación incluye un apartado enjundioso con reflexiones teóricas y recomendaciones sobre la cuestión del grupo de expertos a quienes se encomendó la realización del estudio, de los cuales se supone una aséptica neutralidad y razonable independencia en relación con grupos de interés y lobbies habitualmente presentes en cuestiones ambientales y energéticas. La acción COST TU1401 fue codirigida por Michael Roth (Alemania) y Sebastian Eiter (Noruega), con una voluntad interdisciplinar que conjugó distintas aproximaciones al problema: desde las ciencias naturales, la ingeniería, la economía, la ciencia política, la planificación territorial y la arquitectura del paisaje. En el estudio participaron por parte española varios investigadores del mundo universitario.

Los resultados que arroja este estudio permiten concluir que, desde el punto de vista del modelo e instrumentos de protección jurídico-administrativa del paisaje, la situación en nuestro país no viene a ser muy distinta de lo que sucede en otros lugares. El paisaje suele encontrarse presente, en términos variables de intensidad y caracterización formal, de los estudios de evaluación ambiental y las correspondientes declaraciones de impacto, pero no constituye el aspecto central de este tipo de estudios y medidas correctoras, en general centradas en cuestiones que afectan al biotopos. Hay una excepción en ese sentido, el Reino Unido, que obliga a los desarrolladores eólicos a cumplir una serie estructurada de recomendaciones específicas sobre paisaje (6), establecidas como estándar de uso general en todo el territorio británico. Un concepto interesante que allí se utiliza es el de «impacto acumulado», que impide la sobrecarga eólica en lugares que ya se encuentran afectados significativamente por este proceso. Francia es uno de los pocos países –si no el único– que cuenta con una ley específica sobre el paisaje (7). Las autoridades se encuentran comprometidas con un modelo de evolución territorial respetuoso con la integridad del paisaje, lo cual es coherente con el fuerte apego ciudadano hacia el mismo. En Alemania, la normativa sobre el paisaje es, de modo similar al español, una especie de mosaico formado por las prescripciones de los lander. Si bien el sentido de las categorías aplicadas (rareza, belleza, significado) varía según la región, todas ellas tienen en común la consideración de la temática en la planificación de los proyectos renovables, con el fin de evitar, minimizar o compensar los daños infligidos. En Italia, también una buena parte de la autoridad ha sido delegada a las regiones, pero, en modo similar al Reino Unido, existe una guía de recomendaciones comunes, aprobada por Decreto, que identifica áreas no válidas para la explotación eólica, define los términos de lo que entiende por integración aceptable y también incluye medidas compensatorias.

¿Qué hacer?

Conciliar paisaje y energía eólica va a ser, desde luego, un empeño tan arduo como necesario, que requerirá empatía por todas las partes implicadas. Eso no significa que deba darse la batalla por perdida admitiendo como irremediable el actual state of affairs y buscar la manera de desarrollar en el futuro las energías renovables en España con sensibilidad y atención al problema. No es este artículo el lugar donde investigar soluciones, pero sí pueden proponerse aquí algunas vías de mejora. Estas ideas corresponden a tres dimensiones diferentes del problema, que serían, respectivamente, la técnica, la metodológica y la regulatoria.

En el plano técnico, una posibilidad sería la repotenciación de los parques de mayor antigüedad, haciéndolos más compactos y por tanto con menor número de aerogeneradores, o bien más potentes y reduciendo, por tanto, al menos en parte, el número de nuevas instalaciones a construir. Aproximadamente un tercio de los parques eólicos españoles tienen quince o más años de antigüedad y casi un 10 % de ellos, más de veinte. Una parte del crecimiento de la potencia eólica que prevé el PNIEC para los próximos años podría conducirse por esta vía, extendiendo además el plazo de la autorización, si la regulación lo permitiese e impulsase. El estado actual de la tecnología onshore permite aerogeneradores de 5 MW, con lo cual los parques pueden hacerse más compactos o más potentes, aunque es cierto que su mayor altura aumentaría su visibilidad a distancia. Al menos existe un tradeoff a estudiar en lo que refiere a esta posibilidad, que debería analizarse desde el punto de vista paisajístico-ambiental, del modelo de negocio de los inversores y de la regulación sectorial.

Otra opción consistiría en derivar el crecimiento eólico hacia la tecnología offshore, que causa menor impacto sobre el territorio, salvo quizá en determinadas zonas costeras. La dificultad principal radica en este caso en la batimetría de la plataforma litoral de nuestro país, donde se llega a profundidades relativamente grandes a poca distancia de la costa. Ello obligaría a construir los parques eólicos marinos con tecnología flotante, menos madura y más cara que sus alternativas. Sin embargo, si alguna lección puede extraerse del desarrollo de la energía eólica es la rapidez con que se superan los retos tecnológicos. De hecho, una de las grandes empresas eléctricas españolas ha anunciado recientemente un proyecto para desarrollar una instalación eólica flotante de 300 MW, lo cual dará un impulso a esta modalidad.

La clave

El paisaje, amenazado

La conversión de enclaves naturales en solares de uso industrial energético puede llegar a producir un territorio de espacios desnaturalizados e instrumentales, con la pérdida del paisaje, y esta posibilidad obliga a hacer frente a un problema difícil pero real.

© Santi Burgos

En cuanto a la metodología de planificación y proyecto de los parques futuros, es preciso hacer más énfasis en el análisis de las afecciones al paisaje, partiendo en cada caso de una caracterización de su valor que tenga consistencia y efectividad. No es una cuestión sencilla, pues la valoración del paisaje en términos que sean eficaces para autorizar, modificar o descartar los proyectos de los promotores eólicos requiere estudio, consenso y soporte legal. El tratamiento del paisaje debería en cualquier caso reforzarse significativamente dentro de la evaluación de impacto ambiental, pero además es muy necesario que tenga presencia viva en el proyecto. No se deberían proyectar los parques eólicos como si estuviesen asentados en un solar industrial, hay que encajarlos lo mejor posible en su entorno de implantación, que es el medio natural, para de esa forma minimizar la perturbación al paisaje. Un desarrollo eólico ha de considerarse en ese sentido como un proyecto que aúna disciplinas diversas, entre ellas la ingeniería civil, cuya fundamentación y praxis en la gran escala saben cómo integrar adecuadamente la infraestructura en el territorio. Los parques eólicos no deben seguir tratándose exclusivamente como proyectos industriales; la naturaleza no es una factoría, es el hábitat común de todos y a la vista está.

Finalmente, en lo relativo a posibles mejoras regulatorias, estas deberían dirigirse a potenciar la participación de las poblaciones locales en torno a los nuevos parques eólicos, pues son ellas las que soportan en mayor medida y de manera más directa y persistente el impacto de estas instalaciones. Su participación debería tener mayor peso en la planificación y autorización de los parques, contemplándose además la posibilidad de compensaciones.

Conclusiones

Parque eólico en Montefaro, Rodeiro (Lugo).
Visión nocturna de un parque eólico (Francia).

La implantación de la energía eólica onshore en España, particularmente en determinadas regiones y lugares, es a fecha de hoy un hecho que causa preocupación por sus efectos perturbadores del paisaje. Además, los planes de desarrollo para la década 2021- 2030 prevén casi duplicar la potencia eólica actual, lo cual, si no cambian las cosas, causaría un impacto de aún mayor magnitud y presión sobre nuevas partes de nuestro territorio, especialmente en el tercio norte de la península, que concentra la «España verde». Ello afecta al paisaje, que es una parte primordial del patrimonio común en sus dimensiones natural, cultural y económica.

El desarrollo de la energía eólica que se lleve a cabo de aquí en adelante ha de conducirse en términos más amables con la sostenibilidad del medio en un sentido civilizado, es decir, cultural y humanístico, aparte del irrenunciable respeto a la biodiversidad y demás atributos ecológicos. Ese objetivo nos concierne a todos: autoridades públicas, promotores e inversores eólicos, industria, expertos y ciudadanos en general. José Antonio Fernández Ordóñez nos exhortaba a sus alumnos –futuros ingenieros de caminos– a no considerar el medio natural como una simple base o telón de fondo de las obras, sino a entrar en él para «descubrir y acoplar identidades, no acentuar y separar las diferencias; percibir la naturaleza con toda su vida trémula y agitada, en toda su vehemencia funcional, no desarticulándola y dislocándola en piezas como un cadáver» (8).

Notas

1

Aldo Leopold (1887-1948) fue uno de los personajes importantes del ambientalismo norteamericano del siglo XX, pionero en la divulgación de planteamientos éticos para encauzar la relación entre los hombres y la naturaleza. Fue padre de Luna Leopold (1915-2006), ingeniero civil e hidrólogo, figura también de relevancia en el ámbito de la geomorfología fluvial y la hidráulica ambiental.

2

Esos tres valores fueron respectivamente objeto de reflexión teórica por parte de Kant, Burke y Gilpin sobre el paisaje, dando lugar a un paradigma de apreciación estética, consolidado a partir del siglo XVIII.

 
 

3

MATA, R. y FERRER, D. “La protección, gestión y mejora del paisaje en España. Estudio comparado”, Ciudad y Territorio, Vol. LIII, n.º 207, primavera de 2021.

4

Publicado por el Ministerio de Medio Ambiente, año 2004.

5

ROTH, M. et al, Renewable Energy and Landscape Quality, Jovis Verlag GMBH, Berlín, 2018.

6

Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment v.3, Landscape Institute e Institute of Environmental Management and Assessment (2013).

7

Loi nº 93-24 sur la protection et mise en valeur des paysages (1993).

8

La cita proviene de su memoria (no publicada) para la cátedra de la asignatura “Historia y estética de la ingeniería”, que defendió en el año 1981. Recogida en NAVARRO VERA, J.R. (editor), Pensar la ingeniería, Antología de textos de José Antonio Fernández Ordóñez, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 2009.